El último informe del Instituto Nacional de Estadística confirmó lo que los indicadores adelantados advertían desde hace meses: Bolivia atraviesa una recesión técnica prolongada. La contracción del 2,4% en el primer semestre de 2025, sumada a los cuatro trimestres consecutivos de caída del PIB, refleja un proceso de deterioro que dejó de ser coyuntural para convertirse en estructural.
El INE atribuyó el retroceso a la menor producción del sector extractivo, que cayó un 12,98%, y a los conflictos sociales que interrumpieron la cadena productiva. Pero esa explicación apenas roza la superficie. Detrás de las cifras se esconde una crisis más profunda: un modelo agotado, una economía sin reservas y un Estado que perdió la capacidad de corregir sus desequilibrios. La inflación interanual supera el 23%, el tipo de cambio paralelo duplica al oficial y el poder adquisitivo de los hogares se desmorona.
El estancamiento no tomó a nadie por sorpresa. Desde hace años, economistas e instituciones internacionales advertían que el modelo boliviano —sostenido en el gasto público, los subsidios y las importaciones financiadas con reservas— era insostenible. Entre 2014 y 2025, las exportaciones de gas se desplomaron más del 70%, reduciendo ingresos fiscales y vaciando el colchón de ahorro que había permitido sostener la expansión del Estado. El déficit fiscal ronda el 11% del PIB, las reservas internacionales apenas cubren veinte días de importaciones de combustibles y la deuda pública bordea el 90% del PIB. A ello se suma la caída de la inversión extranjera, que apenas alcanzó los 247 millones de dólares el año pasado, y el aumento de la informalidad, que ya llega al 80% de la población activa. La recesión, por tanto, no fue un accidente: fue la consecuencia de una inercia política que apostó a la negación en lugar de a la previsión.
El Gobierno de Luis Arce prefirió prolongar el relato de la estabilidad antes que admitir la fragilidad del modelo. Durante casi un año, ocultó o retrasó la difusión de los datos oficiales y desestimó las advertencias del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del propio Instituto de Finanzas Internacionales, que ya proyectaban contracciones.
Confiado en la retórica del “vivir bien” y la industrialización pendiente, el Ejecutivo recurrió a soluciones de corto plazo: emisión monetaria, controles de precios, leyes de endeudamiento y utilización de las reservas de oro para obtener liquidez. Cada una de esas medidas fue un parche que agravó el problema de fondo: la pérdida de confianza. La economía dejó de crecer porque el Estado dejó de inspirar credibilidad, tanto dentro como fuera del país. Hoy el déficit comercial, la escasez de dólares y el racionamiento de carburantes componen el rostro visible de esa descomposición.
Lo que el nuevo gobierno encontrará el 8 de noviembre será más que un país con desequilibrio fiscal: heredará una economía desarticulada, con instituciones debilitadas, mercados intervenidos y una ciudadanía exhausta por la inflación. La recuperación exigirá algo más que pericia técnica: requerirá transparencia, disciplina y voluntad política para decir la verdad. El primer paso para salir de una recesión es reconocerla sin maquillajes. Bolivia no necesita milagros económicos, sino responsabilidad, eficiencia y respeto a las reglas que sustentan la confianza colectiva.
Luis Arce quiso ser recordado como el presidente de la industrialización, pero será recordado como el presidente de la recesión. Su gestión deja una lección clara: los ciclos de prosperidad se desperdician cuando se gobierna mirando el pasado y no el futuro. La historia económica del país demuestra que los errores se repiten cuando se elude la verdad. Reconocerla no debilita; fortalece. Solo con verdad, prudencia y visión de largo plazo se podrá reconstruir una economía que vuelva a crecer sobre bases sólidas y sostenibles.