La Central Obrera Boliviana (COB), otrora genuina representante de los trabajadores del país, estrena una nueva directiva. En su congreso ordinario, realizado la semana pasada en Cobija, fue elegido el dirigente minero Mario Argollo como nuevo secretario ejecutivo. El acto de posesión no estuvo exento de polémica: representantes de los maestros y otros sectores exigieron que las nominaciones de los candidatos se definan por votación y no por acuerdos cupulares.
Ese ambiente de confrontación refleja el debilitamiento institucional en el que se encuentra la COB, tras las gestiones del secretario ejecutivo saliente, Juan Carlos Huarachi, quien permaneció más de siete años en el cargo, en abierta violación del reglamento interno. Lo que más reprochan sus propios afiliados es su cercanía con el poder político: Huarachi mantuvo relaciones que rozaron el prebendalismo con los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce.
Esa subordinación al poder fue interpretada por muchos como una pérdida de independencia en la defensa de los derechos laborales. “Sometió a la COB al poder político, traicionó a los trabajadores”, reclamaban algunos dirigentes. Sin embargo, los hechos demuestran que Huarachi utilizó su cercanía con el Gobierno para participar en negociaciones casi unilaterales en las que la contraparte laboral —los empresarios privados, pequeños, medianos y grandes—, no eran tomados en cuenta.
Las políticas sesgadas que surgieron de esas negociaciones contribuyeron a la actual precariedad del mercado laboral. Huarachi, en connivencia con esos gobiernos, avaló aumentos salariales desconectados de la realidad económica del país, que ya mostraba una tendencia decreciente desde 2015. No tuvieron la honestidad para admitir que esas medidas terminarían agravando la situación de los propios trabajadores. Quizás los únicos beneficiados fueron los dirigentes sindicales empernados en cargos públicos o protegidos por su fuero sindical.
Ahora, el nuevo secretario ejecutivo, Mario Argollo, inicia su gestión con un tono de advertencia: “Estamos prestos a recibir al nuevo gobierno, pero si se le ocurre ir en contra de los más empobrecidos, aquí va a estar la COB para defender los intereses de nuestros compañeros”, arengó. Debe presentir que, sea quien sea el próximo mandatario, el país tendrá que aplicar medidas de ajuste. Ello implica que la COB ya no gozará del “privilegio” de definir políticas laborales nacionales sin la presencia de otros sectores afectados.
Si la COB verdaderamente desea el bienestar de los trabajadores, debería reconocer que Bolivia atraviesa una situación crítica que requiere decisiones responsables, incluso dolorosas. Lo más sensato sería adoptar una actitud conciliadora. Las advertencias y amenazas ya no tienen cabida en un contexto de crisis.
Además, la COB necesita poner la casa en orden. Para ello, debe promover cambios de fondo en su estructura, como permitir que dirigentes de cualquier sector afiliado puedan aspirar al cargo de secretario ejecutivo, y no solo los mineros, como establece su actual estatuto. No le falta razón a Wilma Plata, exdirigente del magisterio urbano de La Paz, cuando señala que el reciente congreso cobista fue “cupular, burocrático y alejado de las bases”.
La tarea es enorme, pero indispensable. La COB debe recobrar su institucionalidad y proyectar una nueva imagen ante la sociedad: una organización comprometida con los intereses de todos los trabajadores del país, capaz de actuar con objetividad, proactividad y un alto sentido de responsabilidad nacional. Bolivia necesita, hoy más que nunca, instituciones constructivas y no aparatos sometidos a ningún poder político ni a intereses sectoriales.