El reciente debate entre los candidatos a la vicepresidencia en Bolivia representa un hito político significativo, no solo por su contenido, sino por su sola realización. Luego de casi dos décadas sin este tipo de ejercicios democráticos durante el prolongado mandato de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS), la reaparición del debate vicepresidencial marca un punto de inflexión en la cultura política del país, abriendo un espacio para la confrontación de ideas, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del voto informado.
Durante el periodo de Morales (2006-2019), caracterizado por un fuerte liderazgo caudillista y una centralización del poder en la figura presidencial, los debates políticos -particularmente en época electoral- fueron prácticamente inexistentes o reducidos a eventos de escasa relevancia mediática. Esta ausencia no fue casual: en un contexto donde la hegemonía del MAS parecía incuestionable, y con una maquinaria estatal y comunicacional alineada al oficialismo, la exposición a un debate abierto representaba más un riesgo que una oportunidad para quienes ostentaban el poder.
La reactivación de un debate vicepresidencial, en este sentido, tiene implicaciones profundas. En primer lugar, revela una apertura paulatina del sistema político boliviano hacia formas más democráticas y transparentes de competencia electoral. Permitir que los candidatos a la vicepresidencia expongan sus propuestas, se sometan a cuestionamientos y contrasten sus visiones frente al electorado es un paso hacia la normalización de prácticas propias de democracias maduras.
En segundo lugar, este evento contribuye a elevar el perfil del cargo de vicepresidente, tradicionalmente relegado a un segundo plano en el imaginario político boliviano. A menudo percibida como una función simbólica o subordinada, el debate otorga protagonismo a quienes aspiran a este rol, obligándolos a presentar una visión propia y a asumir responsabilidades políticas concretas. En un país donde las decisiones clave suelen concentrarse en la figura presidencial, fortalecer el papel del vicepresidente puede ser un camino hacia una institucionalidad más equilibrada.
Asimismo, este tipo de debates favorece la deliberación pública y fortalece al electorado. En una sociedad polarizada, como la boliviana, donde el debate político muchas veces se reduce a descalificaciones y lealtades ideológicas rígidas, la exposición de propuestas concretas puede contribuir a un voto más racional y menos emocional. Además, obliga a los partidos a definir posiciones claras en temas clave -como economía, justicia, medio ambiente o derechos indígenas- y no simplemente a refugiarse en discursos identitarios o en la evocación de liderazgos pasados.
Finalmente, la trascendencia de este debate radica también en su simbolismo: es una ruptura con la lógica del monólogo que caracterizó al periodo del MAS. El retorno del debate es, en sí mismo, un acto de recuperación democrática. Aunque no garantiza por sí solo una mejora en la calidad institucional, sí es una señal de que ciertos mecanismos de control ciudadano -como el escrutinio público y la deliberación plural- están volviendo a ser posibles en Bolivia.
Por supuesto, el desafío ahora será sostener y consolidar esta apertura. Que el debate no sea un hecho aislado, sino el inicio de una cultura política que valore la discusión pública, la confrontación de ideas y el respeto por la pluralidad. Solo así Bolivia podrá aspirar a una democracia más sólida, participativa y legítima.