Tras la jornada del paro cívico departamental realizado en Santa Cruz el viernes pasado, representantes del sector productivo, empresarial, del transporte y los gremiales, entre otros, señalaron que la medida, a pesar de que fue acatada de forma disciplinada, generó perdidas económicas. Por ello sugirieron que en el futuro se adopten otras medidas de presión para evitar mayores perjuicios.
Gran parte de la población en Santa Cruz de la Sierra cumplió la medida que fue asumida una semana antes por la Asamblea de la Cruceñidad de manera pacífica: las actividades económicas se mantuvieron cerradas, no se registraron enfrentamientos y se vio poco tránsito en calles y avenidas, por lo cual hubo menos puntos de bloqueo que en otras oportunidades.
El paro fue realizado para exigir a las autoridades del Gobierno nacional que “cesen las persecuciones contra representantes de la oposición”, una reforma al sistema judicial y la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para este 2022. Agregó que todos los esfuerzos tienen que estar enfocados en recuperar la economía y luego las reivindicaciones regionales. Dentro de la misma línea, el presidente de la Asociación de Empresarios de Parque Industrial, Jorge Cwirko, indicó que los paros para su sector no son beneficiosos sobre todo ahora que son más de 500 empresas las que funcionan en esta zona industrial. “Pero tenemos que apoyar (el paro) para estar unidos porque de otra manera estaríamos pateando oxígeno con nosotros de un lado y el resto de los sectores por el otro”, complementó. “Esperemos que las próximas medidas de presión que adopte el Comité se analicen para que sean lo menos perjudiciales para la población y la economía. Puede ser una marcha, vigilia o bloqueo, pero los paros deben evitarse porque definitivamente nosotros mismos nos hacemos daño”. A futuro En tanto el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, dijo que es consciente de que el paro generó un costo económico, pero por encima del mismo está la democracia y la libertad. “El Gobierno debe escuchar a Santa Cruz porque se necesita liberar a la justicia de cualquier injerencia política y gubernamental. Además, tienen que mostrar la hoja de ruta para la realización del Censo en noviembre de este año”. El analista y politólogo, José Orlando Peralta, se refirió a que los beneficios políticos, a largo y corto plazo, con inciertos debido a que el Gobierno cuenta con una agenda política definida. También señaló que el paro es un método de lucha y por eso no puede ser utilizado “cada jueves y domingo”. “No creo que al Gobierno le convenga por el momento hacer una reforma a la justicia porque bajo la consigna de un supuesto golpe de estado están viendo la manera de detener injustamente a quienes formaron parte del gobierno de Jeanine Áñez”. Finalmente, el analista y abogado, Daniel Valverde, sostuvo que comparando el costo y el beneficio en este último paro de actividades, el primero es mucho más alto que el otro. “En la justicia, el beneficio es ínfimo porque no deja de ser una de las muchas medidas de reclamo que han existido con relación a la crisis del sistema judicial y lo que se espera es que existan propuestas para viabilizar el cambio, que es a donde no ha llegado el ente cívico”.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ivo Blazicevic, señaló que los paros, además de que son medidas políticas, desde el punto de vista de la economía no ayudan a los sectores sobre todo cuando se atraviesa por un proceso de recuperación de la economía boliviana, tras la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.
“Antes de ir a un paro, se debe procurar agotar el diálogo y ese debería ser el camino a seguir en el futuro, porque estas medidas son muy perjudiciales y peor en una etapa de recuperación. Un dato, ni siquiera hemos alcanzado los niveles de la gestión 2019”.
A su vez, el representante del sector transporte urbano, Mario Guerrero, recordó que desde un principio su gremio no estuvo de acuerdo con la medida porque la misma significaba “un golpe duro” a la economía de quienes viven el día a día, pero que se la tuvo que acatar para garantizar la seguridad de sus usuarios, sobre todo de las mujeres y de personas de la tercera edad.
El representante de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales de Santa Cruz, Edgar Álvarez, sostuvo que todas las medidas de protesta que se tomaron y se vayan a tomar valen la pena porque buscan resarcir un derecho.
“Si bien el costo de este paro fue alto esperamos cosechar sus frutos cambiando la justicia que tenemos, o de lo contrario se tienen que adoptar otro tipo de medidas más creativas que le hemos planteado al Comité en su momento”.