Otra comunidad rural fue atacada y la respuesta del Estado se hace esperar

En la comunidad de Río Viejo, ubicada a unos 150 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra, viven unas 70 familias dedicadas a la producción de soya. Ayer fueron despojadas de sus tierras tras un ataque protagonizado por civiles identificados con los Interculturales. Los atacantes habían bloqueado desde el lunes los accesos a la zona, inutilizando un puente, según el testimonio de las víctimas.

Se trata del segundo hecho violento relacionado con la pugna por la propiedad de la tierra en el norte cruceño. El 2 de diciembre una persona falleció y otras 14 personas resultaron heridas tras un enfrentamiento entre campesinos y, precisamente, afiliados a la Federación cruceña de las Comunidades Interculturales, que anteriormente era conocida por agrupar a los “colonizadores”.

“Nos han bloqueado; han puesto palos allí en el camino. No hay salida. Estábamos como acorralados allí. Pude salir por otro lado. Son los Interculturales de San Julián”, señalaba la noche del lunes uno de los residentes en Río Viejo.

Los vecinos de esa comunidad reclamaron que no fueron escuchados por la Policía de Guarayos, la provincia donde tuvieron lugar los últimos hechos de violencia. Allí también está Pailitas y Las Londras, una zona que fue declarada como área fiscal por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), pero donde opera un grupo violento que se vio involucrado en varios eventos de este tipo y que son buscados por las autoridades.

“Entraron y golpearon a la gente con palo, disparan a los pies y manos. Hemos salido huyendo entre calles, por un lado y por otro, caminamos senderos entre el monte”, narró ayer Delia Salvatierra, una vecina quien llegó acompañada de algunos afectados hasta las oficinas de Derechos Humanos de Santa Cruz para denunciar la violencia con la que fueron desalojados y la forma en la que huyeron.

Salvatierra indicó que durante el ataque había niños y mujeres. Señaló que la mayoría tenía sus animalitos que quedaron a merced de los avasalladores, además de sembradíos y construcciones.

“He huido porque no me voy a enfrentar a las malas. Tengo que estar viva, pero ahora nos han despojado de todo y buscamos alojarnos donde otros parientes. Allá tenemos ganadito, entre todos nos hemos comprado, eso lo vamos a perder porque nadie nos hizo caso”, reclamó Delia Salvatierra.

El bloqueo de los Interculturales a la comunidad comenzó el lunes. Muchos de los habitantes se declararon secuestrados, pero ayer tuvieron que huir por la forma violenta en la que actuaron los invasores. “¿Los demás dónde estarán? Deben estar perdidos, porque cada cual nos hemos metido en el monte, por donde hemos podido; ¿usted se enfrentaría frente a las armas y los palos que le dan sádicamente?”, cuestionó la mujer.

Varias de las víctimas optaron por volver a la Subcentral Única de Pailitas, donde están sus cosas. “Si tienen que matarme, que me maten. Cuántas veces estamos rehaciendo nuestras cosas. Es mi hogar. Tanta guerra, tanta injusticia”, manifestó visiblemente afectada.

Además de este testimonio, los afectados divulgaron mensajes de audio de sus compañeros en los que pedían abiertamente ayuda ante los ataques. Incluso reportaron el uso de armas de fuego durante la incursión violenta.

El dirigente de Pailitas y afiliado a la Central Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz Abraham Villegas afirmó que los sus compañeros que estaban en Río Viejo “fueron emboscados y despojados” de su tierra. Señaló que muchos de los atacantes “estaban encapuchados”. Identificó que entre los líderes estaban los ciudadanos Elías Tejerina, Nicolás Ramírez Taboada, Evert Sixto Canaza, quienes participaron en los hechos violentos de Las Londras en 2021 y los enfrentamientos del 2 de diciembre. “Ellos tienen el aval del ministro (de Desarrollo Rural) Remmy González”, dijoVillegas.

Desde el despacho de esa autoridad anoche rechazaron “categóricamente” esas acusaciones. “Condenamos enérgicamente las conductas violentas y reafirmamos que no se tolerará ningún tipo de actividad que esté al margen de la ley, venga de donde venga y finalmente, exhortamos a deponer actitudes de violencia y reencauzar las demandas de acceso a la tierra, en el marco de la normativa agraria”, señala el comunicado del Ministerio de Desarrollo Rural.

El dirigente aseguró también que asumirán “medidas extremas” para hacerse escuchar. “Se tomarán medidas con bloqueos en la localidad de El Puente porque ya no se puede aguantar más tanto abuso e impunidad”, dijo Villegas.

Aseguró que los pobladores de la zona de Pailitas incluso fueron privados hasta de la alimentación frente a un grupo armado. “La Policía es pasiva con ellos y protegen a los interculturales. Además, los interculturales cumplieron nomás sus amenazas de muerte y levantamiento con armas. Le están mintiendo cada vez a nuestro compañero presidente Luis Arce y a nuestro vicepresidente Lucho (Choquehuanca)”, afirmó respecto a la problemática de la tierra.

Un contingente con asiento en Guarayos llegó ayer hasta la comunidad El Puente jurisdicción de Guarayos. Verificó “algunos avasallamientos”, pero no reportó violencia. El desplazamiento fue acompañado por un fiscal, informó a EL DEBER un jefe policial.

La Policía sigue en el El Puente., el paso obligado para llegar a Río Viejo. Los efectivos negaron la presencia de afiliados a los Interculturales durante el patrullaje de ayer.

Pero, los afectados insistieron que las personas que los atacaron pertenecen a los Interculturales de San Julián, y que pese a haber denunciado el hecho ante la Policía, no atendieron esa emergencia.

“Hemos ido a la Policía, hemos hablado con diferentes personas del Gobierno y ninguno nos ha dado oídos. Están ciegos, sordos y mudos. Nosotros estamos pacíficamente pidiéndoles que intervengan, pero no nos han hecho caso. Entonces, lo que pueda pasar allá es netamente responsabilidad del Gobierno nacional”, sentenció el secretario de la Subcentral Única de Pailitas, Erick Fuentes.

La representante de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz, María Inés Galviz, informó que enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportando los hechos de violencia reciente. “También estamos enviando notas a nuestra oficina nacional, a la Fiscalía y la Policía para pedirles que actuén en este caso”, remarcó la representante.

Juan Vargas, el abogado de las víctimas del desalojo, señaló que las personas que incurrieron en los hechos de violencia de ayer pudieron comentar “en grado de tentativa” al menos cuatro delitos penales “contra la vida”, pues la vida de varias mujeres y niños estuvieron en riesgo durante la arremetida de los Interculturales que se dio en los últimos dos días.