La reactivación del sector hidrocarburífero demanda inversiones, fundamentalmente en exploración, con el objetivo de lograr la reposición de reservas y garantizar la oferta de nuevos volúmenes para intentar mantener los mercados de exportación de Argentina y Brasil. Un objetivo que se hace cuesta arriba en momentos en que la producción de gas disminuye y no se vislumbran nuevos proyectos en el corto y mediano plazo.
En el sector, consideran urgente generar condiciones para atraer inversiones, lo que pasa por una adecuación de la Ley de Hidrocarburos, una posibilidad que ha reconocido el ministro del área, Franklin Molina, al señalar que la norma actual “cumplió su ciclo y se deben hacer ajustes”.
Países vecinos, como Ecuador, Brasil y Argentina, están avanzando en esos cambios, lo que, a juicio del abogado experto en hidrocarburos, Iver von Borries, responde a las nuevas condiciones de la industria y Bolivia debe seguir ese camino.
¿Por qué los países vecinos están cambiando sus normas en el sector hidrocarburos?
Muchos países, en los últimos 20 años, se han dado cuenta de que hay ciertas oportunidades que deben aprovechar y los procesos en la industria del gas y petróleo son largos. En la cadena hidrocarburífera, se debe explorar para llegar a la fase de desarrollo y explotación de un campo. Sin cumplir cada una de estas etapas previas, es imposible llegar a la producción, mucho menos pensar en industrialización.
Bajo esa lógica, tenemos dos grandes iniciativas en países vecinos y que son clientes de YPFB, Argentina y Brasil. Ellos trabajan en el desarrollo del Presal y Vaca Muerta, proyectos que tienen incidencia directa en lo que significa nuestro país como proveedor de gas natural. Era evidente que si Bolivia no tomaba las previsiones -lamentablemente ya debo decir esto en tiempo pasado-, más temprano que tarde se iba a encontrar con que la demanda se iría reduciendo y esto significa menos ingresos para el erario nacional.
¿Esto ya sucedió?
Sí y hoy ya es tarde. Esto obedece a muchos factores, de orden político, económico y social. Cuando hablo de orden político, nos remontamos al año 2006, cuando hubo la nacionalización de los hidrocarburos. Esa fue una iniciativa política con un rédito inmediato, pero con un “costo” alto a mediano plazo, pues las nacionalizaciones desincentivan la inversión extranjera y eso es en Bolivia y en cualquier país del mundo.
En los primeros años posnacionalización, indiscutiblemente los ingresos por la renta gasífera se vieron mejorados para el Estado boliviano; sin embargo, debido a que fue una medida con un contenido político evidente, era previsible que la inversión privada se resienta en el mediano y largo plazo, y es exactamente lo que sucedió. Desde 2006 hasta 2021, han sido muy pocos, escasos, por no decir prácticamente inexistentes, los actores nuevos (empresas internacionales) en la exploración y producción del gas natural en Bolivia.
¿Qué condiciones deben cambiar para atraer inversiones?
Hemos venido caminando con el impulso de lo preexistente, pero en este tipo de industria, si no existe una dinámica constante, donde la actividad de perforación y de exploración se mantenga vigente, lamentablemente no podemos planificar a futuro y es lo que sucedió.
Los esfuerzos de perforación son insuficientes, al igual que la capacidad de producción y reposición de reservas, frente a un mercado que puede seguir demandando gas boliviano. Cuando hablamos de demanda hablamos de Argentina, Brasil y el mercado interno, con gas domiciliario y proyectos de industrialización.
Es muy difícil prever un futuro donde se repitan las condiciones que generaron bonanza. Hemos perdido la oportunidad de aumentar las reservas de forma constante, para evitar estos perniciosos baches en la producción.
Los países de la región están realizando cambios legales para atraer inversiones, ¿qué pasa en Bolivia en ese contexto?
Nuestro problema es que cuando hay capital fresco, cuando hay gobiernos o empresas foráneas, independientemente de si son públicas, privadas o mixtas, que quieren venir a invertir a Latinoamérica, lo primero que hacen es fijarse en ciertos indicadores, uno de los principales es el riesgo país, que incluye el concepto de seguridad jurídica.
Hoy, luego de la crisis sanitaria, se trata de ser lo más atractivo posible, no basta con decir “tengo reservas naturales”. La fórmula correcta es: tengo reservas y además ofrezco garantías a quienes quieren venir a desarrollarlas o a monetizarlas.
¿Y el Estado?
Por supuesto se debe trabajar dentro de un marco de equilibrio y equidad, donde el Estado también se vea beneficiado de la inversión extranjera. No obstante, lo primero es ser atractivo. En el caso de Bolivia, lamentablemente tenemos dos problemas muy serios. Uno de fondo, es que Bolivia, al haber renunciado al tratado del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Materia de Inversiones (Ciadi) y al haber denunciado todos los acuerdos bilaterales de inversión, ha quedado muy mal parada frente al derecho de inversiones a nivel mundial.
Es lógico entonces que para una empresa estatal de hidrocarburos o una empresa petrolera privada que tenga dinero para invertir, si el país no tiene el “paraguas de protección jurídica” que los tratados de inversión ofrecen, lo hace menos atractivo y pierde competitividad. Los inversionistas se fijarán qué países cuentan con ese andamiaje normativo para ir a invertir con mayor tranquilidad, sabiendo cuál cuenta con las garantías jurídicas mínimas para resguardar su inversión.
El problema de forma es que, en el día a día de los contratos de operación, no hemos logrado darles el dinamismo que se necesita por la burocracia excesiva y la confusión de roles que existen entre el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que, en la práctica, puede llegar a considerarse una triplicidad de funciones.
¿Hoy existe seguridad jurídica para las empresas del sector?
Es difícil contestar en términos absolutos, pero sí se necesita reforzar el concepto de seguridad jurídica en el país. Hay que dar tres pasos fundamentales y a la brevedad. Lo primero pasa por reconstruir el andamiaje normativo de los tratados bilaterales de inversión, para otorgarle seguridad jurídica y garantías a las empresas extranjeras. Lo que se evalúa es cuánta seguridad ofrece un país, su marco normativo actual y las condiciones financieras, que incluyen el government take; es decir, con cuánto dinero se queda el Estado por concepto de regalías e impuestos.
El segundo tema pasa por el régimen tributario, hay que ver la forma de disminuirlo. La paradoja que deben entender los legisladores, es que para ser más atractivo y atraer más inversiones, es necesario disminuir las alícuotas y las tasas que eventualmente generan ingresos para el país.
En Bolivia tenemos un government take alto. Si bien hay países que nos superan, ofrecen otro tipo de condiciones. Por eso, al final del día, lo que hará que una empresa tome la decisión de invertir es que el Estado ofrezca un conjunto de medidas favorables/amigables con la inversión y reglas claras que se cumplan.