Para el 2024 el Estado mantendrá elevado los gastos del aparato público. Así lo refleja el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024. En la programación para este año el Gobierno estableció un techo de hasta el 58% de los recursos para el funcionamiento estatal. Especialistas consultados por EL DEBER, cuestionaron esta distribución de los ingresos que realizado por el Gobierno. Justamente el Ministerio de Economía y Finanzas programó un PGE de Bs 340.317 millones de los Bs 217.534 millones será para sostener el funcionamiento de las entidades y empresas públicas. No obstante, mediante un comunicado oficial esta cartera de estado anunció que estableció una política de ahorro y austeridad en todas las entidades públicas. Los principales recortes fijados por el Estado están concentrados en viáticos, gastos en bienes y servicios de consumo, como publicidad y difusión; renovación de vehículos a lo estrictamente necesario. A esto suma un menor gastos en servicios de imprenta en todas las instituciones, optando para la difusión de sus publicaciones, memorias y otros, por medios electrónicos, o páginas webs. Así también el Gobierno prevé reducir costos en transporte y telefonía móvil. Con lo primero se busca ahorrar en combustible. Principales gastos Dentro del presupuesto presentado por el Gobierno se asigna 58,6% a Gastos Corrientes, destinados al funcionamiento y operación de las entidades públicas. Entre los conceptos más importantes dentro de este ítem están la contratación de bienes y servicios con el 25%, que corresponden principalmente a aquellos gastos para el funcionamiento de operaciones. Esto equivale a Bs 66.439 millones, siendo en lo que más gasta el Gobierno dentro de sus gastos corrientes. Mientras que otro 18,5% de estos recursos se usaran para los sueldos y jornales de los funcionarios de la administración pública. Este porcentaje equivale a Bs 49.089 millones. En esa línea, un 25% de estos recursos, según el Ministerio de Economía, se usarán para el pago del servicio de la deuda y otras aplicaciones financieras. Análisis El economista, Luis Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija hizo notar que para este año el Gasto Público, creció un 8,9% más que la gestión pasada, donde los Gastos Corrientes representan casi 59% del mismo. El especialista sostuvo que de Bs 155,64 mil millones para gasto corriente, el 32% será destinado a “Sueldos y Salarios”, y el 43% a “Bienes y Servicios”; es decir, que tres cuarta partes de este monto presupuestado serán destinados a dos ítems o partidas de gasto. “Hay que recordar que la inflación anual del 2023 fue de 2,12%, sin embargo, se estima que el incremento salarial este cercano al 5% para este 2024, lo que incrementará más aún el gasto público”, señaló el especialista. El especialista explicó que el PGE 2024 está basado en un precio del barril del petróleo de $us. 71, cualquier incremento extraordinario hará que el “gasto público se eleve más, y sea menos sostenible la ejecución del mismo”. Recordó que el año pasado se gastaron $us 2.682 millones para importar carburantes, y $us. 1.818 millones para subvencionar el consumo de los mismos. En sentido, dijo que el problema estructural es un elevado gasto fiscal que dio lugar a una creciente deuda pública y a la casi liquidación de nuestras RIN, para financiar el mismo. “Actualmente la escasez de dólares y la inestable generación de divisas por nuestra economía, hace que cualquier cambio importante en nuestro gasto público, pueda llevarnos a una crisis financiera mayor”, señaló. En ese sentido, dijo que la austeridad planteada por el Gobierno es “una caricia con una pluma a un gigante que es el gasto estatal”. “Nuestra economía tiene un déficit fiscal sostenido desde el 2014, y se espera que este 2024 sea del -7,80% de nuestro PIB. La tendencia es una menor ejecución presupuestaria y de inversión pública para aminorar la brecha fiscal, al costo de un menor crecimiento económico y de empleo en el país”, afirmó. En esa línea, el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), José Gabriel Espinoza, observó que la política de austeridad no compensa los 11 años continuos de déficit fiscal en el país. Al igual que Romero, dijo que la política de ahorro “lamentablemente no tiene mucho sentido o no tendrá mucho impacto (en arcas estatales) porque el recorte es allá donde no hace falta”. “Están ahorrando monedas cuando están gastando con la tarjeta de crédito como loco”, ejemplificó Espinoza. Para él el mayor ajuste se debe hacer en la subvención de combustibles y en la asignación de recursos para el mantenimiento y creación de empresas estatales. “El déficit fiscal se está disparando. Son 150 empresas públicas nuevas, imagina el gasto que representa eso. Más el incremento de personal. Y todo lo que tiene que ver con la compra de insumos, maquinaria y demás”, afirmó. En una entrevista con EL DEBER el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, aclaró del total de la partida de sueldos y salarios, un 54,2% corresponde a salud y educación, el 11,2% para policía y Fuerzas Armadas, un 9,8% para entidades territoriales autónomas, un 7,6% a universidades, pero solo un 6,8% para las empresas públicas. Mientras que el órgano ejecutivo absorbe un 2,5% de los recursos usados para gastos corrientes. “Entonces, es falso que digan que todo el Órgano Ejecutivo está en la plaza Murillo, todo el personal de salud, educación y policía está en todo el país”, dijo. La autoridad sostuvo que desde 2021, el Gobierno viene realizando una política de austeridad. Esta consiste en la optimizando recursos, principalmente en papelería, material de escritorio, usos telefonía celular y de vehículos, pasajes y viáticos. Para este año, dijo que prevé un ahorro de más de Bs 1.100 millones.
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