De acuerdo a lo previsto por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), este 2025, año del Bicentenario del Estado Plurinacional, concluye el proceso de saneamiento de la propiedad agrícola. Esto coincide con el censo 2024, a cargo del INE.
Estos dos momentos parecen marcar el paso a una problemática que no es nueva, pero que se intensificó en el último tiempo, la de conflictos de límites, presión y avasallamiento en áreas protegidas y reservas forestales, pero también evidenció el abandono de los territorios indígenas.
Entre varios ejemplos reflotaron los conflictos de límites entre Cochabamba y Beni, en el lado del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), y entre Santa Cruz y Beni, por la comunidad Piso Firme.
En el primer caso, Beni se opuso a que 42 comunidades del Tipnis sean registradas en el departamento de Cochabamba.
En el tema de Piso Firme, los lugareños se consideran parte de San Ignacio de Velasco, municipio que históricamente atiende sus necesidades. Por eso se negaron a coordinar con los agentes censales llegados de Beni, e incluso emitieron un voto resolutivo.
Como el ejemplo de Piso Firme hay muchos, que no solo generan conflicto entre departamentos, sino también entre municipios.
Otra variable a considerar es que, como ocurre con Bajo Paraguá, colonizadores presionan para hacerse censar dentro de reservas forestales y áreas protegidas, con la ‘esperanza’ de acceder a la posesión y a recursos económicos, a pesar de que el INRA y la ABT públicamente han negado la legalidad de estos asentamientos.
Ya les funcionó en la reserva forestal El Choré, donde Fundación Tierra demostró que el INRA distribuyó tierras, a pesar de que la normativa lo prohíbe.
Mientras tanto, territorios indígenas consolidados, como la TCO Yuqui Ciri, denuncian que no reciben recursos ni son contemplados en el POA municipal, en el departamento de Cochabamba, del que dependen.
Límites, un problema general
Para el senador beniano Fernando Vaca, aproximadamente el 80% de los municipios del país tienen problemas de límites, a pesar de existir la Ley 339 desde 2013.
En el caso concreto del Tipnis, que además de ser parque nacional es territorio indígena de tsimanes, yuracarés y mojeños, el legislador indicó que se trata de una presencia geopolítica del sector cocalero, especialmente en lo que se conoce como Polígono 7 o Conisur.
Para él, la falta de respuesta es esta ubicación tiene que ver no solo con la actividad ilegal de la coca, sino también con ganaderos importantes y la especulación de un sector petrolero.
“En el censo de 2012 el INE por lo menos respetó la autodeterminación de estas comunidades que se consideran históricamente benianas”, dijo, recordando que, al negarse a ser censadas, al menos no las obligaron a pasarse a Cochabamba. Denunció que este 2024 se encuentren cartografiadas en el departamento vecino.
Un problema similar hay entre Beni y Santa Cruz, pero por la comunidad Piso Firme. Los roces se acentuaron luego de que funcionarios del INE de Beni aparecieran en la comunidad.
Los lugareños se declararon en estado de emergencia y manifestaron su rechazo a las intenciones de que los censen como parte de otro departamento que no sea Santa Cruz, e incluso concluyeron un voto resolutivo, que evidenció que solo en San Ignacio de Velasco hay 18 comunidades involucradas en conflicto de límites, incluso con municipios vecinos
‘A la mala’
Ñembi Guasu, Bajo Paraguá, Parque Nacional Amboró, El Choré, son muchas las reservas naturales y territorios indígenas, constantemente presionados por intereses colonizadores.
En el caso de la reserva forestal y área protegida municipal Bajo Paraguá, en San Ignacio de Velasco, hace unos días los agentes del INE fueron llevados por el concejal Víctor Flores, durante una inspección para incluir nuevas comunidades en la cartografía.
Para algunos, como Nelson Hidalgo, ex control social en Yapacaní, es una manera de operar similar a la de la reserva forestal El Choré, completamente perforada, a tal extremo que el año pasado los colonos quemaron 40 mil hectáreas, sin que existan sancionados.
Dijo que esto viene de dirigentes que son operadores políticos, con tal nivel de privilegios que reciben recursos del POA de Yapacaní, y que ahora piden desafectación de más hectáreas, pero que además acceden al Concejo y a la Asamblea Departamental, a través de Clemente Ramos.
Esa posibilidad no la tienen los indígenas de la TCO Yuqui Ciri, perteneciente a Cochabamba. Uno de los habitantes explicó que desde hace años han sido excluidos del POA y viven de sus propios recursos. Pidió guardar su nombre en reserva por la presión cocalera, y aseguró que incluso algunos dirigentes han desaparecido.
Territorios indígenas
Miguel Vargas, director ejecutivo del Cejis, admitió que al existir una institucionalidad tan debilitada en el país, estos asentamientos, por el hecho de ser censados, pueden tener acceso a beneficios como servicios básicos.
Agregó que esta movilización de personas también tiene que ver con la búsqueda de ingresos por coparticipación, de parte de municipios y gobernaciones, y que por eso las autoridades de niveles subnacionales se acoplan a esta dinámica.
Paradójicamente, Vargas dijo que poblaciones indígenas como los araona no reciben recursos de los municipios a los que pertenecen, y lamentó que en la boleta censal no exista la opción de pertenecer a una autonomía u otro tipo de territorio indígena. “Se mantiene la lógica municipal”, afirmó.
En el caso de Charagua Iyambae, explicó que recién seis meses después de ser consolidados como autonomía indígena, pudieron recibir recursos.
“Estamos ya 15 años en el marco de un estado plurinacional, comunitario. Es un contrasentido en un segundo censo. Implica no contar con datos desagregados y tampoco planificar gestión”, dijo.
CIFRAS 40 MIL HECTÁREAS PARA SABER
8 AUTONOMÍAS INDÍGENAS
Y aproximadamente 400 TCO en tierras altas y bajas del país, según el Ceijis
Fueron quemadas en El Choré el año pasado y no hay sanciones de parte de la ABT
AVASALLAMIENTO
Esta semana, el presidente Luis Arce, Luis Orellana (ABT) y Eulogio Núñez (INRA) se reunieron con representantes de lo que Arce denominó Reserva de Producción Forestal El Choré”. En sus redes sociales, el mandatario informó que los escucharon y decidieron “conformar comisiones de trabajo para atender sus requerimientos”.