Si existe algo tan fuerte que une al expresidente Juan Evo Morales y al actual, Luis Arce, es la doctrina keynesiana de la intervención del Estado en la economía del país. Esa intervención, a través de 33 empresas pertenecientes al nivel central de Gobierno (sin contar YPFB), dos regionales, cuatro departamentales y 17 municipales, generaron un gasto de Bs 156.460 millones para el para el Tesoro General de la Nación (TGN) e ingresos por Bs 195.286 millones -entre 2011 y 2022-, según el último análisis del Modelo Económico y Productivo Empresarial del “proceso de cambio”, publicado por la Fundación Milenio.
Sin embargo, lo que diferencia al modelo empresarial “evista” del “arcista” es la aplicación. Mientras Morales se jactó de inaugurar empresas como Emapa, Cartonbol, BoA o la Empresa Azucarera San Buenaventura, Arce lanzó su plan “Industrialización rumbo al Bicentenario”, con el que pretende crear más de 130 plantas y proyectos industriales, con una inversión de Bs 24.816 millones hasta 2025.
Estos proyectos se enmarcan en el concepto de “sustitución de importaciones”, que busca evitar la fuga de divisas, con un enfoque de pequeñas y medianas industrias (pymes), la mayoría en el sector agropecuario y de procesamiento de recursos naturales como el litio, el hierro o los hidrocarburos. El plan fue lanzado el 6 de agosto y es la base de los discursos del primer mandatario cuando visita las distintas regiones del país.
¿Competencia desleal? El secretario general de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Juan Carlos Vargas, ponderó las intenciones del Gobierno de transformar las materias primas, pero consideró que gran parte de las empresas a ser creadas se constituirán en una competencia desleal para el sector. “Hay muchas unidades productivas que no son necesarias, por ejemplo, tenemos algunas dificultades con Senatex (Servicio Nacional Textil) que es una competencia para todos los que se dedican a la confección, principalmente para los que están en la ciudad de La Paz, porque fabrican ropa de seguridad industrial y uniformes para las empresas del Estado y está acaparando todo”, lamentó. Citó también a la Editorial del Estado, que afecta al sector gráfico, que tenía como principales clientes a instancias estatales como la Aduana o la Policía. “Ellos, a través del Decreto Supremo 0181, tienen esa preferencia, incluso de no presentar la boleta de garantía (en un contrato)”, agregó Vargas, a tiempo de mencionar que la micro y pequeña empresa en Bolivia genera alrededor de 1,5 millones de empleos directos a través de 300 mil unidades productivas, las que han sido duramente golpeadas en la prepandemia y actualmente por el contrabando. Al mismo tiempo, apuntó a los gobiernos departamentales y municipales, que tampoco acompañan en la creación de empleos productivos. “Hay un desconocimiento de ciertas normativas y lo único que se dedican es a hacer pequeñas ferias en las avenidas y en las plazas, para supuestamente disimular que están incentivando en la economía familiar”, acotó. La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), también mostró su preocupación por el nuevo plan empresarial del Gobierno, que anunció la implementación de la empresa estatal Laboratorio Industria Farmacéutica Boliviana (Lifab). En una carta dirigida al presidente Luis Arce, pidieron orientar la nueva industria a una “complementariedad productiva” con las industrias del sector privado, que abastecen a las entidades públicas y de Seguridad Social de Corto Plazo, además de 7.000 farmacias con medicamentos bolivianos. Administrar los recursos El economista José Gabriel Espinoza señaló que en la actualidad son alrededor de 70 las firmas estatales y nueve nacionalizadas que han recibido inyecciones de capital de por lo menos Bs 24.000 millones de bolivianos, suma menor a la erogada por el Gobierno anterior, que a través del Banco Central de Bolivia, habría desembolsado más de $us 6.000 millones por el mismo concepto. “Estas inversiones son considerablemente menores a las que habíamos visto en el pasado, lo cual puede ser bueno, dado el resultado muy malo que hemos tenido con las empresas públicas existentes hasta ahora”, afirmó. Sin embargo, expresó que con el enfoque de “maquila” y de microempresa en el que el Gobierno quiere incursionar, será difícil monitorear las decisiones de los administradores. “Esto puede llevar a una situación en la que muy probablemente y, en muy corto plazo, esas inversiones terminen desperdiciadas, generando pérdidas para el Estado Nacional”, sostuvo. Otro elemento que identificó Espinoza es la captura corporativa de estas empresas públicas, ya que se las utilizaría como un premio o factor de compra de lealtades políticas a determinados sectores, muchos de ellos muy pequeños. “Por lo tanto, esto puede llevar a una gran cantidad de inversiones, que en realidad van a ser botines políticos de algunos sectores muy pequeños que se van a beneficiar con los recursos del Estado”, dijo. Por su parte, René Martínez, analista de Presupuestos públicos de la Fundación Jubileo, manifestó que la nueva política empresarial del Gobierno no hace otra cosa que obedecer a la Constitución Política del Estado (CPE) que diseñó el Movimiento al Socialismo (MAS), donde el Estado tiene que ser el primer actor de la economía del país. “Hay cosas que no están funcionando muy claramente y, en este momento, no nos podemos dar el lujo de financiar empresas deficitarias que no funcionan. La gente requiere respuestas a la situación económica en términos de ingresos y empleo, y habrá que ver si es a partir del Estado empresarial que podemos hacer esto (...). Además, el Estado tiene un déficit alto, la inversión pública ha ido cayendo, ya no tenemos las reservas internacionales que teníamos y parte de la caída de las reservas que tiene el país ha sido por la creación de empresas públicas”, subrayó. El economista Marcos Óscar Flores, destacó que el plan gubernamental está dirigido a crear demanda interna y generar empleo. “Que se llamen (empresas) públicas no es que vayan a quebrar o ser deficitarias, tienen que ser compañías que generen rentabilidad para el país y esos excedentes son para cubrir los bonos como el Bono Dignidad, el Juancito Pinto, porque ya la ‘vaca grande’ que era el gas, está cayendo de forma estrepitosa”, señaló, mientras hizo un llamado a “sentirse contento” cuando se crean empresas en el país, ya que se crea competitividad, eficiencia y eficacia en una sociedad.