“Habiéndose recibido en Secretaría de Dirección Ejecutiva la comunicación interna DGAJ 028/2024, que pone a conocimiento que la Dirección Departamental Santa Cruz habría recibido y gestionado requerimientos fiscales, informes y otros, se observa que la Dirección Departamental, en pleno conocimiento de dicha investigación, no se ha apersonado a los mismos”, indica el documento firmado por Luis Flores Orellana, ejecutivo nacional de la Autoridad Nacional de Bosque y Tierra (ABT), y dirigido a la departamental Santa Cruz, Vaneza Mérida Salazar.
En la misma comunicación interna, del 18 de enero, Flores insiste en la responsabilidad de la oficina regional, ya que los Certificados Forestales de Origen (CFO) fueron emitidos por esa oficina, aludiendo a los casos penales que sigue el Ministerio Público, bajo CUD 701102302300420 y CUD 71102302300528, relacionados al delito de sustancias controladas.
Ambos casos hacen alusión a los hallazgos de cocaína en madera; el primero se refiere al envío de 440 kilogramos de droga a Polonia, por el que fue implicado Kevin Germán Bowles, gerente de la empresa TLT Hardwoods & Veneers S.R.L.
El segundo caso, CUD 71102302300528, apunta a un cargamento de 322 kilos de cocaína de alta pureza proveniente de Bolivia, con destino a Emiratos Árabes, que fue incautado en Arica (Chile), durante un control de la Aduana Regional en octubre.
La finalidad de la comunicación interna de Luis Flores a Vaneza Mérida, es que la ABT “coadyuve y colabore en las investigaciones”. Antes de esta comunicación hubo otra, la DGAJ 017/2024, del 16 de enero, dirigida por Robin Oscar Justiniano Merubia, jefe nacional de Asuntos Judiciales y Administrativos, a Pablo Manuel Valencia, responsable de procesos administrativos y judiciales, que también instruía el apersonamiento en calidad de coadyuvante en los mismos casos penales (CUD 701102302300420 y CUD 71102302300528). Petición de informe El 14 de diciembre del año pasado, siete diputados del MAS dirigieron una carta a Luis Roberto Flores Orellana, ejecutivo nacional de la ABT, con copias que también pasaron por despacho presidencial y por presidencia de la Cámara de Diputados. Se trataba de una Petición de Informe Escrito (PIE) de 22 puntos, entre los cuales piden varias explicaciones sobre certificaciones forestales de origen (CFO) para exportar, empresas que exportan, países destinos, además de datos específicos de casos relacionados con tráfico de cocaína en madera. Uno de estos puntos, el 21, pide que se informe si la ABT se adhirió a la denuncia existente en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para los casos CUD 701102302300420 y CUD 71102302300528, en los delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa y confabulación. “Detalle qué funcionarios están citados en calidad de testigos y/o denunciados; adjunte documentación de respaldo”, dice la PIE. Ya en julio de 2023 se reportó el hallazgo de dos toneladas de cocaína en Chile, además de muchos otros. Desde la oficina departamental explicaron que recién empezaron en funciones en septiembre del año pasado. PARA SABER CASO PEDRO MONTENEGRO El 5 de enero de este año, según memorándum, Robin Justiniano fue puesto por Luis Flores en la ABT. Su nombre sonó en el caso de Pedro Montenegro, hasta que llegó a Palmasola en 2019. En esa oportunidad, el hoy viceministro Jhonny Aguilera, y entonces director de la FELCC Santa Cruz, dijo que fue Justiniano quien metió a su padrastro, coronel Gonzalo Medina, a ese círculo ‘social’. Hasta ayer, Justiniano seguía figurando como servidor público en datos de la Contraloría. Sigue el canal de EL DEBER en WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Va94dZyIXnlxXagThf0G