El conflicto en la Gobernación de Santa Cruz debido a la suplencia temporal del gobernador cruceño cumple dos semanas tensas en las que ha primado el enfrentamiento verbal y las amenazas con procesos judiciales, dejando de lado el diálogo político entre los principales involucrados.
Dentro de esta pugna interna, el núcleo ‘camachista’ de la alianza Creemos insistió en desconocer el “mandato” de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que resolvieron la enmienda sobre la suplencia del gobernador, Luis Fernando Camacho. A su vez, el Movimiento Al Socialismo (MAS) apuntó al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic por flagrancia del delito de “incumplimiento de deberes” porque no tomó juramento a Mario Aguilera como gobernador en funciones.
Aguilera y Matkovic fueron convocados por la sentencia constitucional a cumplir con la suplencia de Camacho, quien se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, desde diciembre de 2022.
Hace unos días, Matkovic presentó ante la Fiscalía una denuncia penal en contra “de los exmagistrados Espada y Montaño, por usurpación de funciones”, y exigió que sean los nuevos magistrados del TCP y no los “autoprorrogados”, los que emitan una respuesta al pedido de complementación y enmienda que presentó ante esa entidad. Afirmó que, desde el 2 de enero, los referidos magistrados dejaron de estar en funciones.
Ante esta situación, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que la sentencia que ordena la suplencia temporal del gobernador Camacho por su vicegobernador, Mario Aguilera, se debe cumplir por mandato de la Constitución Política del Estado (CPE) y descartó que exista algún otro recurso que puede revertirlo.
“Es importante precisar que se trata de una acción de cumplimiento presentada por asambleístas del MAS y esa sentencia (del TCP), lo que ha hecho es que prevalezca la Constitución. Esa sentencia no tiene ninguna contradicción con la Ley 293 (departamental), porque es una sentencia que se basa en el estatuto autonómico de Santa Cruz, votado por el pueblo cruceño. El órgano Ejecutivo no ha intervenido”, remarcó Lima.
Por otro lado, dijo que “no hay interpretaciones posibles” y esa sentencia debe cumplirse por mandato de la CPE. Hizo también un repaso, recordando que, desde el inicio de esta causa, en principios del año 2023, lo que se ha dado es una serie de acciones que asambleístas cruceños del MAS han presentado ante una Sala Constitucional de Santa Cruz, la cual ha otorgado tutela y ha ordenado que se emita una norma que regule la ausencia del gobernador Camacho.
El abogado Martín Camacho, representante legal del gobernador Luis Fernando Camacho, abrió la posibilidad de que los “magistrados observados” del TCP, Gonzalo Hurtado e Iván Espada, enfrenten al menos tres acciones penales y la posibilidad de un juicio de responsabilidades, además de su detención, por su presunta usurpación de funciones al resolver un recurso de complementación y enmienda fuera de su periodo de mandato.“Cuando se presentó la aclaración, complementación y enmienda se dejó específicamente claro que no debían ser ellos quienes la resuelvan sino los próximos magistrados que formen parte del Tribunal Constitucional bajo el mandato previsto en la Constitución Política del Estado (CPE)”, señaló Camacho durante una entrevista con EL DEBER Radio.
El politólogo José Orlando Peralta recordó que la sentencia constitucional 1021/2023 establecida por este TCP salió, entre dos a tres días, antes de la “autoprórroga” de los magistrados.
“Sabemos que la Justicia está políticamente instrumentalizada y que la detención de (Luis Fernando) Camacho es ilegal, pero quienes están del lado de Camacho buscan deslegitimizar al TCP. Por lo tanto, cada uno tiene una interpretación diferente de las normas y la política. Primero, están los que dicen que la ley departamental está por encima de la sentencia y luego aparece, para ejercer más presión, el ministro (Iván Lima) para decir que no se está interpretando y que se tiene que establecer lo que dice el Tribunal Constitucional”, dijo el analista y resaltó que todo esto lo vuelve una situación compleja por una falta de voluntad política.
Además, dijo que los fallos constitucionales se tienen que dar en función a la norma y para que exista un Estado de derecho, tiene que haber un consenso previo pero en Bolivia todo se resuelve “sin respetar al árbitro”.
A su vez, el abogado y militar en reserva, Jorge Santistevan, señaló que el mandato de los actuales magistrados carece de legitimidad “porque no están con el voto y la aprobación del pueblo” y recalcó que esa magistratura se tiene que alcanzar mediante sufragio.
“Desde el punto de vista legal son autoridades que están ejerciendo su función. Pero bajo la figura de una conspiración política son, como dijo el presidente de la ALD, autoridades ilegítimas que no tienen el reconocimiento del pueblo y del mandato de la población”.
Sobre la última declaración del ministro Iván Lima, Santistevan dijo que el Gobierno central estaba esperando que las autoridades cruceñas no cumplan con la sentencia constitucional para activar “la persecución política”.
“En un Estado constitucional, cuando están en vigencia sus órganos como el Ejecutivo, Judicial, Electoral y Legislativo estos tienen independencia de poder y autonomía en sus disposiciones. Por lo tanto, no hay un órgano que se pueda decir que vale más que el otro. De manera que, en este caso, las resoluciones y determinaciones de cada uno de los órganos deben ser respetados como un sistema de pesos y contrapesos”.
El analista Daniel Valverde no coincide con Santistevan al referirse a lo declarado por Matkovic y dijo que “el lineamiento y mandato” que está “en juego” es el Estatuto Autonómico y desde esa perspectiva, lo que ha dictado la sentencia judicial es que se reconozca el valor de la normativa departamental cruceña y que esta sea cumplida.
“Los fallos constitucionales son de cumplimiento obligatorio y las posturas políticas que tenga un grupo o conjunto de personas no pueden desconocer el valor de un fallo dentro de un Estado constitucional y democrático. Por ejemplo, la autonomía en España ha tenido muchas dificultades, pero cuando su TCP ha dictado un fallo, sus diferentes niveles de gobierno se someten al mismo porque en eso consiste convivir en un Estado democrático”.
Finalmente, el analista Paul Antonio Coca dijo que si Bolivia fuese un país democrático no pasaría lo que actualmente se ve con “magistrados autoprorrogados y pugnas y peleas” por quién va asumir el cargo en una gobernación.
“Pero en un estado como Bolivia todo se basa en acuerdos políticos. Entonces, ese es el detalle importante, que lo político prima sobre lo jurídico y eso nos da la característica de que Bolivia no es un estado constitucional ni democrático, algo que no es reciente porque lo hemos perdido hace tiempo”, manifestó.