En febrero de 2025, el juez agroambiental de Santa Cruz, Osmar Fernández Velasco, dispuso la paralización temporal de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos del municipio de Okinawa Uno, debido a una demanda interpuesta por la comunidad campesina Nueva Esperanza por supuesta contaminación ambiental. A casi seis meses de la disposición judicial, el colapso del actual vertedero por la acumulación de basura pone en riesgo a toda la población, por esta disputa legal.
Según datos del municipio de Okinawa Uno, se recogen 5 toneladas de basura por día, una cifra que aumenta los fines de semana. En el área urbana, que alberga a unos 7.000 habitantes, solamente operan dos camiones volquetas para la recolección de todo tipo de desechos los días lunes y viernes, en dos turnos (mañana y tarde). Todos los desechos, sin ser clasificados, son trasladados al vertedero, donde permanecen apilados al aire libre y sin ningún tipo de tratamiento. En ese contexto, el ingeniero Román Vitrón, responsable de la Unidad de Residuos Sólidos del municipio, advierte que el sistema de recolección y tratamiento de la basura es totalmente precario debido a este conflicto social. “Esta situación ha ocasionado una pérdida de recursos económicos al municipio porque al frenar la operación de la planta de residuos por tanto tiempo, la infraestructura ya presentado deterioro en sus pisos y algunos techos. Los bordes de la laguna de oxidación se han empezado a hundir”, lamentó Vitrón. Finalmente, recordó que la nueva planta de residuos debió entrar en funcionamiento en 2021, pero la pandemia y el conflicto social ha impedido su inauguración hasta la fecha. La basura se compacta cada tres meses con maquinaria pesada en el botadero municipal / Foto: EL DEBER En agosto de 2024, el presidente de la comunidad campesina Nueva Esperanza, Freddy Orellana Quevedo, interpuso una demanda de acción ambiental contra el Gobierno Municipal de Okinawa Uno, ubicado en la provincia de Warnes, representado por el actual alcalde, Rubén Darío Mercado Suárez. La demanda alega la contaminación de reservorios de agua cerca a la planta de residuos, los cuales abastecen a comunidades de la zona. El dirigente afirma que existen asentamientos humanos a tan solo 84 metros de la planta, además de actividad agrícola en la zona, que pertenece a varias comunidades, entre ellas Nueva Esperanza, donde actualmente viven unos 400 habitantes. Asimismo, observan que la licencia ambiental, emitida en noviembre de 2017 por la Gobernación de Santa Cruz (sin la cual no se hubiera podido implementar el vertedero) fue gestionada con coordenadas incorrectas de la ubicación del predio. En tal sentido, Vitrón indicó que hubo un error involuntario en la transcripción de las coordenadas del predio, pero que a través de un requerimiento a la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, se pudo corregir la información y la licencia ambiental se encuentra vigente. También se han realizado los estudios complementarios pedidos por el Searpi para proteger el lugar de inundaciones. Recordemos que en marzo de este año, en temporada de lluvias, el municipio de Okinawa Uno se declaró en emergencia. Los daños denunciados incluyen la contaminación de sus aguas subterráneas y superficiales, afectación del suelo, malos olores, contaminación del aire, proliferación de vectores de enfermedades, devaluación de terrenos y un deterioro en la calidad de vida de los comunarios de Nueva Esperanza y zonas aledañas. La comunidad Nueva Esperanza ha presentado varios memoriales en rechazo a la implementación y funcionamiento del proyecto. También ha realizado bloqueos en varias ocasiones para impedir el funcionamiento de la planta y la limpieza de los predios. Limpieza en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, que permanece cerrada desde febrero por orden judicial / Foto: EL DEBER Al ser consultada sobre el tema, la abogada Ana Beatriz Mercado Campo, asesora jurídica del municipio de Okinawa Uno, indicó que este lunes, 16 de junio, se tiene previsto una audiencia para tratar sobre la incapacidad del demandante, ya que está en duda su representatividad de la comunidad Nueva Esperanza, y que no se han cumplido los procesos legales, como la inspección al lugar, antes de instruir el cierre temporal de la planta. “Es un perjuicio para todo el municipio la paralización actual de la planta”, dijo la jurista. La Resolución Ministerial 269, promulgada el 18 de mayo de 2021 por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA), establece la “Planificación Nacional para el Cierre Técnico de Botaderos en el Estado Plurinacional de Bolivia” y fija como plazo máximo el 18 de mayo de 2026 para proceder con el cierre técnico y/o rehabilitación de los botaderos en todo el país. En febrero de 2025, el municipio de Okinawa Uno fue notificado por esta cartera de Estado para dar cumplimiento a dicha disposición. El comunicado oficial también recordó que la Ley 755, en su artículo 41, dispone la obligación de implementar proyectos de cierre o saneamiento en instalaciones que presenten problemas de contaminación debido a una gestión inadecuada de residuos sólidos. Los residuos hospitalarios se mezclon con los residuos comunes / Foto: EL DEBER En el caso del municipio de Okinawa Uno, a pesar de que el botadero actual debió dejar de operar en 2020 -año en que se entregó la nueva Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos-, continúa siendo utilizado como destino final de la basura. Esta situación ha convertido al lugar en un foco de contaminación ambiental, debido a la falta de un manejo adecuado de los desechos. Un informe realizado en enero de 2024 por la Secretaria Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz establece que la planta de residuos sólidos cumple con el requisito de estar ubicada a 1.000 metros de los núcleos habitacionales, según la normativa vigente. Sin embargo, el mismo informe detectó la presencia de una vivienda familiar a solo 85 metros del predio, así como una granja de incubación y reproducción de patos a 314 metros de distancia. Esta última no figura en la base de datos del Servicio Departamental de Calidad Alimentaria (Senasag), ni cuenta con registro ambiental ni licencia ambiental correspondiente. El documento también establece que la comunidad campesina Nueva Esperanza se encuentra a 1.300 metros de la planta de residuos. Como información adicional, el informe incluye imágenes satelitales de Google Earth Pro, correspondientes a junio de 2019, en las que no se observan ni la planta de residuos ni la granja de patos. En las imágenes de 2020, ya se identifica la construcción de la planta de residuos y la aparición de la granja. De acuerdo a la demanda presentada, en marzo de 2017, y ante la necesidad urgente del municipio de Okinawa Uno de reubicar su vertedero, el Servicio de Planificación Integral (Searpi) recomendó trasladarlo a una zona más alta, con menor riesgo de inundación y menores costos asociados a protección de defensivos hidráulicos. En ese contexto, el entonces alcalde Raúl Condori Prudencio, mediante la Resolución Municipal 242/ 2017, aprobada por el Concejo Municipal, adquirió un terreno de 5.4530 hectáreas ubicado en la comunidad Nueva Esperanza. La obra fue construida en ese predio durante el año 2020 con recursos del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), que destinó Bs 3.060 millones, además de una contraparte municipal de Bs 29.533 mil. Por el momento solo se realizan trabajos de limpieza. El proyecto contempla la recolección de residuos sólidos domiciliarios, recolección del mercado municipal, recolección industrial, recolección de centros de salud y unidades educativas. Además, incluye la promoción de la educación ambiental y el reciclaje de basura entre la población. ¿Cómo se originó el conflicto judicial?
Cierre de botaderos a nivel nacional
Una granja de patos sin registro ni licencia de funcionamiento
Inversión millonaria sin uso hace 5 años