Los cisterneros transportistas del país están listos para empezar a trabajar en la importación de combustibles con la recientemente aprobada Ley N° 1657 Corta, Excepcional y Transitoria, para garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel en situaciones de emergencia. Aseguran que cuentan con la logística necesaria para normalizar el suministro en diez días en todo el país, pero observan vacíos en la normativa y piden su urgente reglamentación.
Un sondeo realizado por EL DEBER con algunos sectores del transporte evidenció que existe complacencia por la aprobación de la ley, pues era un pedido de hace varios años y tuvo que ser el Comité pro Santa Cruz el que le diera un nuevo impulso hasta su aprobación.
Sergio Kosky, presidente de la Federación de Cisterneros del Oriente, manifestó que el sector “está listo para servir” con sus más de 7.000 unidades en todo el país, pero desconfía del gobierno saliente, porque nunca tuvo la voluntad de “destrabar” las importaciones, sobre todo en lo referido a eliminar la etiqueta de sustancia controlada del diésel y los trámites burocráticos ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
“Va a haber una serie de cositas que van a, quizá, demorar un poco las cosas. Espero estar equivocado (…). Vamos a ver qué le ponen en la letra chica en cuanto a normar (reglamentar) la ley. La ley existe, veremos qué sorpresitas nos podemos encontrar en la reglamentación, que ya no creo que tengan muchas condiciones en este momento de generar más trancas”, expresó Kosky.
El dirigente explicó que en Santa Cruz existen 2.500 unidades de cisternas, con una capacidad promedio de 35.000 litros cada una. Y, si el sector privado demanda sus servicios, pueden realizar hasta cuatro viajes al mes a Paraguay y tres a Argentina. “Nosotros (los cisterneros a escala nacional) creemos que en diez días el país está sin un problema de abastecimiento, porque está claro que tampoco se va a solucionar con una varita mágica este desfase de tanto tiempo”, manifestó.
En ese sentido, acotó que para que la cadena funcione debidamente, el producto debería estar listo en los puntos de carguío, es decir, ya pagado. “Pierda cuidado que en una semana se acabaron las colas. El sector cisternero, tanto de Oriente como de Occidente, cuenta con las unidades, las ganas, la logística y el compromiso con el pueblo de ponerse la camiseta de Bolivia y empezar a trabajar”, subrayó, a tiempo de asegurar que, en principio, el proceso será “traumático”.
Kosky también adelantó que los precios de los combustibles no serán bajos, tomando en cuenta los precios internacionales. Mencionó que en Argentina, por ejemplo, el litro de gasolina tiene un precio de $us 1,10, es decir entre Bs 13 y 14, al tipo de cambio paralelo.
¿Vacíos en la ley?
René Quiroz, asesor técnico de la Federación de Transporte 16 de noviembre, señaló a EL DEBER que existe cierta susceptibilidad en el sector por situaciones que se podrían presentar en los surtidores en la venta de combustible con precio internacional y subsidiado. “¿Cómo vamos a diferenciar cuál es importado y cuál es nacional y si nos quieren vender el nacional como importado?”, cuestionó.
Reclamó también que los transportistas deben ser convocados para reglamentar la ley corta, como parte de una reunión tripartita entre Gobierno, Comité Cívico y empresarios. “El principal vacío que nosotros hemos observado es que la ley no retira al diésel como sustancia controlada (…)”.
“Paralelo a eso —agregó—, también existen, en el Artículo 4, observaciones referidas a que se van a eliminar ciertos requisitos que no se consideren importantes. ¿Pero cuáles son esos requisitos? Tenemos que reglamentar la ley a la brevedad. Eso tiene que ser una prioridad porque, sin reglamento, la ley no tiene ninguna utilidad”, aseveró.
Apuntó también otro problema que surgiría en las estaciones de servicio, que deben hacer la separación de los productos, es decir, tanques y bombas específicas para diésel importado y para diésel nacional, por ejemplo.
“Hasta donde tengo entendido, en provincia ninguna estación tiene esa adecuación. Solamente contamos con ocho estaciones de servicio con esa característica aquí en Santa Cruz. Entonces, si hacemos aprobar la ley y la reglamentamos en 90 días, no le va a dar tiempo a la estación de servicio para hacer aprobar dicha modificación. Tenemos que eliminar trabas. Debemos aprovechar la oportunidad que se nos da para poder hacer un cambio y salvar la economía”, añadió Quiroz.
No se necesita reglamentar
Agustín Zambrana, vicepresidente del principal impulsor de la ley corta, el Comité pro Santa Cruz, aclaró que la normativa, promulgada el 27 de octubre por el presidente Luis Arce, no necesita reglamentación por ser temporal, de 90 días, y de aplicación inmediata.
“Decirle a aquellos importadores, personas naturales, al gobierno, a todos los burócratas del poder que no se requiere reglamentaciones, decretos reglamentarios, leyes reglamentarias que quieren hacer para poder ayudar a que esta ley se cumpla. No, esta ley es temporal de 90 días de aplicación inmediata por la crisis hoy de combustible que tenemos y de aplicabilidad directa”, explicó.
Pidió también a YPFB, la ANH, Sustancias Controladas, Impuestos Internos y otras más que viabilicen “de una vez por todas” la ley. “Requerimos que, hoy más que nunca, ese chip que se metió al país totalmente, quede ya sacado de esa cabeza de todos los bolivianos (...). Ahí debe meterse el Estado para ayudar a que esto suceda por el bien común de la sociedad, pero el Estado no extorsionando, no haciendo lo que viene haciendo permanentemente”, expresó Zambrana.
Legisladores no cumplieron
El dirigente del Transporte Pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, manifestó que espera que la ley “funcione como debería funcionar”, aunque reconoció que se sabe que surgirán algunos obstáculos.
“Creo que el gobierno está obligado a cooperar también a esta situación, hasta que el otro gobierno pueda acomodar, hacer cálculos de cuánto va a costar el combustible (...). Hay que decirle a todos esos levantamanos, que esto ya debían haberlo hecho más antes. Pero ahora ya estamos aquí, como se dice, encima del burro, tenemos que seguir hasta que el gobierno se pueda cambiar de un nuevo gobernante”, subrayó.
El dirigente transportista lamentó que el gobierno no haya tenido la intención de modificar la subvención, que trajo muchos problemas para el país. “Trajo desvío de combustible, contrabando interno, mala calidad y la escasez de combustible. Porque mientras en otros países que nos rodean está carísimo el combustible, en nuestro país está más barato y es por eso que se desvía al contrabando”, remarcó Yujra.