Dirigentes del transporte en diferentes regiones del país advirtieron que una eventual eliminación del subsidio a los combustibles podría desatar una crisis económica y social. Tanto en Santa Cruz como en La Paz, el mensaje fue el mismo: sin subvención, el transporte público no resiste.
Bismark Daza, dirigente del transporte en Santa Cruz, sostuvo que quitar la subvención sería “un golpe letal” para un sector que ya atraviesa una situación crítica.
“No se vaya a disparar cualquier situación porque si se quita la subvención tendríamos que hablar de subirle todo. Si sube el pasaje, sube la canasta familiar y esto se puede ir a un descontrol total”, advirtió en una entrevista televisiva.
El dirigente recordó que los transportistas han sufrido casi dos años de escasez de combustible y que la economía del gremio “está quebrada totalmente”. Sin embargo, destacó como señales positivas recientes el abastecimiento de surtidores en los últimos días: “Vemos con optimismo esta situación. Ya no hay colas, ojalá que siga así y se termine esta inmensa fila que nos afectó tanto. Lo único que queremos es un abastecimiento constante”.
Uso de placas
En La Paz, el asambleísta departamental y dirigente Mario Silva fue más enfático: “La subvención al transporte público no se puede tocar porque es una bomba de tiempo”. Recordó que en 1985, cuando se liberaron los precios, el transporte fue uno de los sectores más golpeados. “Si se quita el subsidio, al día siguiente sube todo. La gasolina tendría que irse de 3,74 a 10 o 12 bolivianos el litro. Eso sería incontrolable”, sostuvo.
Silva pidió al presidente Rodrigo Paz mantener la subvención y reforzar el control del combustible, además de reactivar la identificación de vehículos de servicio público mediante placas rojas. “Pido que se dé una solución inmediata y que no se toque la subvención. Nosotros, que representamos más del 85% del transporte sindicalizado en Bolivia, no lo vamos a permitir”, enfatizó.
El dirigente paceño también llamó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a YPFB a ejercer un control más riguroso sobre la distribución de carburantes y a coordinar con las alcaldías para evitar desvíos y abusos.
Las declaraciones reflejan la tensión que genera cualquier debate sobre la subvención de los combustibles, un tema sensible que, según los transportistas, podría detonar una cadena de aumentos y conflictos sociales en un país todavía golpeado por la escasez y la inflación.