El informe “Saqueo Institucional – El costo de la corrupción en las empresas públicas”, presentado el lunes por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, tiene aún mucha tela por cortar, no solo porque entre 2006 y 2024 se desembolsaron Bs 53.945 millones de las Reservas Internacionales Netas (RIN) hacia empresas estatales, sino porque el flujo de recuperación fue uno de los principales factores estructurales en la reducción del respaldo externo del país.
Según el documento, el nivel de recuperación de esos recursos es mínimo. A diciembre de 2024, la deuda acumulada de las empresas públicas alcanzaba Bs 46.859 millones, mientras que solo el 18% del capital desembolsado fue devuelto en 19 años. En términos prácticos, la mayor parte de los recursos retirados de las reservas no retornó al Banco Central de Bolivia (BCB).
El informe también detalla que $us 2.205 millones, equivalentes al 28% de los desembolsos, se destinaron a la creación de 14 empresas consideradas inviables, varias de las cuales cerraron operaciones o ingresaron en quiebra técnica. Según el documento, estos proyectos terminaron convirtiéndose en focos de ineficiencia y corrupción, profundizando el daño patrimonial al Estado.
“Estamos hablando de un dinero que fue robado a los bolivianos y que, de haberse invertido correctamente, equivaldría a no tener la crisis económica que hoy enfrenta el país”, sostuvo Lupo en conferencia de prensa.
RIN en caída y presión sobre la liquidez
Mientras los recursos se drenaban hacia empresas públicas, el nivel global de las Reservas Internacionales Netas continuó disminuyendo. Al inicio de la gestión del presidente Luis Arce Catacora, las RIN se situaban en torno a $us 5.276 millones. Para abril de 2024, ese monto se habría reducido hasta aproximadamente $us 1.796 millones, lo que implica una caída cercana al 66%.
Esta reducción acelerada limitó el margen de maniobra del Gobierno y del BCB, especialmente en un contexto de escasez de divisas y mayores obligaciones externas. Frente a esta presión, el Ejecutivo impulsó la Ley N.º 1503, conocida como la “Ley del Oro”, que autoriza al ente emisor a comprar oro de producción nacional y a realizar operaciones en los mercados internacionales para fortalecer las reservas.
La aplicación de la Ley del Oro marcó un punto de inflexión en la estrategia de manejo de las RIN. De acuerdo con frecuentes denuncias de parlamentarios y expertos, el BCB recurrió a las reservas auríferas para obtener liquidez inmediata. Bolivia habría utilizado más de un tercio de sus reservas de oro para cubrir pagos externos y obligaciones financieras.
El propio BCB informó que alrededor de seis toneladas de oro se encuentran pignoradas en el exterior, es decir, empeñadas como garantía en operaciones financieras. Asimismo, reportó una operación de venta anticipada de oro que habría generado aproximadamente $us 388 millones en divisas.
En conjunto, los $us 7.750 millones retirados de las RIN para financiar empresas públicas sintetizan la descapitalización prolongada que obligó al Estado a recurrir a medidas extraordinarias, como la venta y pignoración de oro, para sostener la liquidez.