El Gobierno negó que se haya pedido al Fondo Monetario Internacional (FMI) ocultar un informe en el que se advierte sobre un serio deterioro en la economía boliviana, al proyectar un crecimiento de apenas 1,1% para 2025 y una inflación del 15,1%.
Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, dijo que Bolivia, como miembro fundador del FMI y sin un programa financiero vigente con ese organismo, no está obligada a difundir este tipo de informes.
La autoridad sostuvo que el país tiene tres alternativas: primero, autorizar la publicación del informe; segundo, pedir un plazo para seguir revisándolo, y, tercero, no autorizarlo.
“Nosotros ya hemos autorizado al Fondo que este informe se publique”, sostuvo Montenegro que de esta forma desmintió las afirmaciones de Tuto Quiroga, candidato a la presidencia, que acusó al Gobierno de Luis Arce de impedir u “ocultar” la difusión del informe del FMI.
Montenegro remarcó que el retraso en la publicación del informe del Artículo IV de la gestión 2025 no es atribuible al Gobierno.
“El Fondo Monetario tenía que haber llevado esta reunión de directorio en abril. El mismo Fondo pospuso la reunión para el 2 de mayo”, indicó. Además, añadió que Bolivia autorizó su publicación en menos de los 28 días que estipula el procedimiento de este organismo internacional, tras una revisión, que tomó aproximadamente dos semanas.
Durante su explicación, Montenegro puntualizó que las observaciones que se hacen a la política de comercio exterior se debe a que el Gobierno de Arce siempre “va a priorizar el bolsillo de la población y que se va a permitir las exportaciones siempre y cuando se garantice el mercado interno” y no al revés.
En este contexto, Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), indicó que, más allá de las justificaciones, llegó la hora de encarar urgentes ajustes estructurales para evitar que la crisis en la balanza de pagos se profundice, con un golpe de timón en cuanto a las políticas públicas, así como con un mayor ingreso de dólares, idealmente por exportaciones, para lo cual no debe haber vetos como hoy, a la carne bovina, así también, debe mejorar drásticamente el entorno para atraer inversión extranjera, así como para que no sigan migrando capitales bolivianos a otros países que ofrecen mejores condiciones.
“Debe darse un sinceramiento de precios en el mercado interno para evitar la salida de contrabando de diferentes productos por su precio artificialmente bajo en el país con el llamativo nombre de “contrabando a la inversa” que refiere el Gobierno, y todo eso, pasa por las buenas señales que pueden provenir desde el Ejecutivo para restaurar la confianza en tres aspectos: la moneda nacional, la economía boliviana y las políticas públicas, de otra forma se corre el riesgo de que los indicadores macroeconómicos puedan seguir deteriorándose”, puntualizó.
Para el economista Germán Molina, es un error seguir insistiendo con el veto a la exportación y creer que con eso se bajan los precios en el mercado interno.
“No es la exportación la que hace subir los precios, sino la inflación, la falta de diésel y el dólar paralelo, ahí está el problema. Pero el Gobierno sigue insistiendo en un modelo agotado”, puntualizó Molina.
Alerta del Fondo
Al inicio de su informe el FMI advirtió que Bolivia se encuentra en una situación económica “precaria” y que de continuar con las actuales políticas fiscales y cambiarias, podría enfrentar un ajuste desordenado con altos costos sociales y económicos.
En este contexto el transporte pesado de La Paz bloqueo la jornada de ayer la carretera entre La Paz y Oruro, una de las principales vías del país, en protesta por la escasez de combustible. Los transportistas denuncian la falta de atención por parte del Gobierno ante la creciente dificultad para acceder a combustibles, así como el impacto de la inflación en la canasta familiar.
Otra ruta afectada por los bloqueos es el paso hacia el Desaguadero, frontera con Perú, donde los movilizados quemaron llantas impidiendo el paso vehicular.
Para Molina estas son algunas muestras en que se puede comprobar que las autoridades gubernamentales “están desorientadas y que para recurrir al control de los precios recurren a la fuerza, cuando debería ser el mercado el que determine los precios al consumidor”.