Dura realidad. La Gobernación de Santa Cruz atraviesa una de las crisis financieras más severas de los últimos tiempos. Según el informe de rendición de cuentas públicas realizado por esta entidad, en la gestión 2024 solo se recibió el 78% de los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que generó un déficit significativo de Bs 536 millones. Esta situación obligó a paralizar obras y a reducir personal.
“El 2024 fue el año con menor cantidad de recursos en los últimos 10 años”, señaló Marco Franco, secretario de Hacienda de la gobernación cruceña. El funcionario departamental explicó que el presupuesto de la gestión pasada fue de Bs 2.471 millones, pero no llegó el 22% de recursos, lo que complicó la administración de las competencias departamentales.
Uno de los factores del hueco es la actual crisis estructural que vive el país por la reducción de recursos asignados por el nivel central y la dependencia de regalías que administra el Gobierno nacional.
“Dependemos de los recursos asignados por el nivel central y, lamentablemente, no tenemos el control sobre las regalías, que son nuestra principal fuente de ingresos”, dijo Franco.
A esto se suma la crisis heredada del 2023, que representa un déficit adicional, lo que dejó a la Gobernación sin fondos en caja y banco al inicio del 2024.
“Nos dejaron un déficit de 300 millones de bolivianos, lo que nos puso en una situación de vulnerabilidad desde el primer día de gestión”, agregó.
Fuentes de financiamiento
La principal fuente de recursos de la Gobernación son las transferencias corrientes del Gobierno Central, con Bs 1.222 millones presupuestados y una ejecución del 95,9%. Sin embargo, gran parte de estos fondos están condicionados a competencias específicas, como salud y educación, por lo que no son de libre disponibilidad para otros proyectos departamentales.
En segundo lugar, están las regalías, con Bs 69,93 millones programados y Bs 58,3 millones efectivamente recibidos, lo que representa una ejecución del 83,4%. Este desempeño de las regalías aporta de manera importante a la sostenibilidad financiera de la entidad, aunque sigue siendo un porcentaje menor frente a las transferencias.
Gastos y prioridades
Franco destacó que, pese a la crisis, la ejecución presupuestaria alcanzó el 86%, enfocándose en la eficiencia del gasto porque “cada boliviano invertido fue administrado con responsabilidad”.
El 68% del presupuesto se destinó al sector salud, con Bs 1.100 millones exclusivamente para sueldos y salarios.
En contraste, solo el 10% se asignó al desarrollo económico. “No es que queramos descuidar otras áreas, pero simplemente no hay recursos suficientes”, agregó.
Además, durante la gestión 2024, la Gobernación ha ejecutado alrededor del 78,32% de los ingresos previstos, lo que se traduce en Bs 1.935,87 millones efectivos.
A pesar de estos niveles de ejecución, un porcentaje significativo de los fondos—según algunos análisis, hasta un 64%—se clasifica como “no gestionable” debido a compromisos obligatorios y restricciones normativas. Esta limitación reduce la flexibilidad para asignar recursos a inversiones y proyectos estratégicos.
Medidas aplicadas
Para enfrentar la crisis financiera, la Gobernación implementó una serie de medidas de austeridad y optimización de recursos como, por ejemplo, la reducción de personal en diversas áreas para minimizar costos operativos.
A esto se sumó un control estricto del uso de vehículos oficiales, disminuyendo el gasto en combustibles y mantenimiento. “Se acabaron los privilegios innecesarios”, dijo Franco.
Además, se limitó la adquisición de materiales de oficina y otros insumos administrativos. “Cada compra fue evaluada para garantizar que realmente era indispensable”.
En esa línea, se priorizó el pago de sectores esenciales, especialmente salud, para garantizar la continuidad de los servicios. “El sector salud es nuestra prioridad, porque es donde más impacto directo hay en la población”.
Además, se optimizaron contrataciones, reduciendo procesos innecesarios y ajustando las compras menores y licitaciones.
Franco hizo notar el único impuesto que administra la Gobernación es el Impuesto Directo a la Transmisión Gratuita de Bienes. Por esta carga fiscal, en 2024 la gobernación recaudó solo “Bs 35 millones con este impuesto, necesitamos urgentemente una reforma fiscal”.
“Si no se hubieran tomado estas medidas drásticas de austeridad, el déficit hubiera sido de 536 millones, afectando gravemente el pago de sueldos y otros compromisos esenciales”, afirmó.
El panorama para el próximo año no parece alentador. Franco advirtió que, de mantenerse esta tendencia, la situación económica de la Gobernación podría empeorar.
“Necesitamos un pacto fiscal que redefina la distribución de los recursos y nos permita gestionar un mayor porcentaje del presupuesto departamental. Sin cambios estructurales, la crisis seguirá profundizándose”, dijo.
Presupuesto en declive
En este contexto, Mario Aguilera, gobernador en ejercicio de Santa Cruz, advirtió que la región cuenta con presupuesto en declive desde 2014, además, de restricciones que limitan la capacidad de gestión.
“Nuestro presupuesto decrece desde el 2014 hasta la fecha de manera continua. ¿Hasta cuándo va a tener presupuesto suficiente para que las autonomías subsistan?”, cuestionó el gobernador, subrayando que la reducción de recursos afecta la capacidad de gestión y obliga a recortes en personal y gastos operativos.
Insistió en la necesidad de un nuevo Pacto Fiscal que permita generar mayores ingresos propios para el departamento.
El gobernador destacó que la Gobernación administra un territorio de 370.621 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 4 millones de habitantes, lo que representa una carga considerable en términos de infraestructura, salud y desarrollo productivo. Pese a ello, aseguró que Santa Cruz sigue siendo un pilar fundamental para la economía nacional, generando alrededor de $us 12.000 millones para el Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La autoridad sostuvo que uno de los principales desafíos es el financiamiento del sistema de salud departamental, pese a que más del 50% del presupuesto de la Gobernación se destina a este sector, con una inversión de 463 millones de bolivianos durante 2024. A pesar de estos esfuerzos, advirtió que los recursos no crecen al mismo ritmo que la población y sus necesidades, lo que afecta la atención en los distintos niveles del sistema de salud.
El gobernador también enfatizó la importancia de fortalecer la departamentalización impositiva y de promover la inversión privada con un marco legal adecuado. Enfatizó que la situación financiera de la Gobernación está atada a los ingresos provenientes de los hidrocarburos, los cuales han disminuido debido a la falta de explotación y comercialización.
En este sentido planteó, tres opciones que ayudarían a generar fuentes de ingresos para la Gobernación cruceña, frente a la disminución de recursos económicos.
Primero planteó la departamentalización impositiva, es decir, que algunos de los impuestos que generan (en las regiones) deberían quedar sujetos al territorio que los produce, “que les permita tener una fuente de ingreso sustentable en el tiempo, no dependiendo de una explotación hidrocarburífera o minera”.
La segunda propuesta es el nuevo pacto fiscal, que deje establecido con justa claridad las necesidades que tienen todas las autonomías, los recursos a los que se pueden acceder y de qué manera será redistribuida para brindar respuestas inmediatas a la ciudadanía.
“La tercera propuesta, que hemos estado elaborando, es la participación de inversión privada mediante el modelo concesionario, que ayuda mucho en el desarrollo de infraestructura”, concluyó.
El secretario de Desarrollo Económico, Fernando Menacho, explicó que la Gobernación había solicitado Bs 489 millones para cubrir las necesidades de infraestructura en carreteras, riego, electrificación y otros sectores, presupuesto que no fue aprobado en su totalidad.
“Cabe aclarar que esta ejecución no se pudo hacer al 100% debido a la falta de recursos, no al tema de personal”, afirmó Menacho, resaltando que la falta de financiamiento ha sido el principal obstáculo.
Menacho señaló que varias iniciativas de desarrollo se vieron afectadas por la escasez de fondos, por ejemplo, la Dirección de Hidrocarburos, Minas y Energía tenía un presupuesto de Bs 22 millones, pero solo se ejecutaron 5 millones (23%), dejando cinco proyectos listos para licitación sin posibilidad de ser adjudicados.
En la Dirección de Desarrollo Productivo, se presupuestaron 26 millones, pero solo se ejecutaron 15 millones, alcanzando un 60% de avance físico y un 57% de avance financiero. Se dejaron sin ejecutar seis proyectos de riego listos para licitación.
En cuanto a infraestructura vial, varios caminos quedaron pendientes de cancelación o ejecución, como el Camino Montero-Sidral, que presenta un avance del 96% pero aún no ha sido pagado. “No hemos podido hacer la cancelación por falta de recursos”, explicó.
Además, señaló que programas como el servicio de información meteorológica, vital para el sector productivo, corre el riesgo de dejar de funcionar en 2025. “Lo grave es que todo este programa no va a funcionar el 2025 por falta de recursos”, advirtió.
El informe también refleja una reducción preocupante en los ingresos por renta petrolera y regalías mineras. De los 904 millones de bolivianos programados para 2024, solo se recibieron 714 millones, de los cuales 642 millones provinieron de regalías por hidrocarburos.
Menacho advirtió que, de mantenerse esta tendencia, para 2030 la Gobernación solo recibiría 155 millones de bolivianos por estos conceptos, lo que pondría en riesgo el financiamiento de proyectos esenciales en el departamento.