De acuerdo con Jessica Saravia, directora de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), en la gestión pasada se autorizaron autorizó 1.077 promociones empresariales, que se tradujeron en unos Bs 500 millones en conceptos de premios.
Saravia sostuvo que en comparación con otros años, en 2021 fueron 1.077 permisos y en 2019 se llegó a 837 autorizaciones, lo conseguido el año pasado es una muestra de la reactivación económica de las empresas y negocios que eligen realizar estas actividades con legalidad y transparencia. “Antes la mayor cantidad de promociones las realizaban empresas multinacionales, este 2022 evidenciamos el incremento de estas actividades en empresas pequeñas y medianas, que con mucho ingenio y creatividad activan campañas para captar nuevos clientes y mejorar sus ventas”, sostuvo Saravia. La autoridad recordó que las promociones empresariales son reguladas a partir de la creación de la AJ en 2011 con el objetivo principal de proteger de derechos da la población a participar en condiciones de legalidad, igualdad y transparencia. Controles Durante la gestión pasada la AJ realizó 62 intervenciones, a escala nacional, decomisando 809 máquinas de juego. En 2021, se intervinieron 36 lugares de juego y decomisaron 353 medios de juego. Saravia informó que Santa Cruz con 27 intervenciones es el departamento con mayor presencia de juego ilegal, seguido por Cochabamba con 19 operativos; La Paz y Chuquisaca con cuatro intervenciones cada uno. “El juego ilegal, además de evadir impuestos, no cumple con las condiciones de transparencia, entonces los jugadores son estafados; los ambientes ponen en riesgo la salud de los asistentes. Al ser clandestinos no cuentan con certificador de salubridad; tampoco presentan políticas para la prevención a la adicción al juego dañando la economía de muchas familias”, criticó Saravia. Que precisó que desde el 2011 a 2022 se destruyeron un total de 18.239 máquinas y medios de juego, a través de empresas de reciclaje, proceso que es supervisado por la AJ, para garantizar que éstos no vuelvan a circular en el mercado y que su destrucción se realice protegiendo el medio ambiente con el reciclaje y separación de componentes contaminantes.