El Órgano Ejecutivo aprobó la noche del miércoles tres decretos, dos de ellos que pretenden atender la emergencia por energía en el país y otro referido a la importación de soya para “fortalecer la producción de subproductos” y responder a las necesidades de oferta y demanda interna.
El economista Fernando Romero evaluó las recientes normativas y, sobre el Decreto Supremo 5548, que autoriza de manera excepcional la importación de petróleo crudo por parte de YPFB y refinerías privadas, señaló que se trata de una decisión necesaria ante el riesgo de desabastecimiento. “Es una medida coyuntural de emergencia, necesaria para evitar desabastecimiento”, sostuvo.
La norma permite importar crudo en el marco de la emergencia energética y fija temporalmente el Impuesto Especial para los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) en cero para los productos resultantes, bajo el argumento oficial de que no existe subvención. A juicio del economista, la medida “asegura continuidad del abastecimiento interno de combustibles” y “reduce presión inmediata sobre importación de combustibles terminados”, pero advierte que también “profundiza la dependencia externa de hidrocarburos” y “reduce ingresos fiscales en el corto plazo”.
Romero enfatizó que el decreto no ataca el problema estructural de fondo: la caída en la producción nacional. “No incentiva directamente la exploración y producción nacional”, observa, y recomienda que se acompañe la norma con “un plan agresivo de exploración y recuperación secundaria de campos” y con una reforma gradual del esquema de subvenciones.
En contraste, el economista identifica al Decreto Supremo 5549, referido al impulso a la generación y distribución de energías renovables, como la única disposición con un alcance de mediano y largo plazo. La norma amplía la generación distribuida a proyectos de mediana escala (entre 1 y 6 megavatios), mejora los mecanismos de retribución y facilita la inyección de energía renovable a las redes de distribución.
Para Romero, esta disposición “es el único con enfoque estructural, alineado con sostenibilidad energética y modernización del sistema eléctrico”. Destaca que incentiva la inversión privada, reduce presión sobre el sistema interconectado y promueve una transición energética progresiva.
Sin embargo, advierte que puede generar “costos adicionales de gestión y adaptación en distribuidoras” y existe el “riesgo de subsidios cruzados si la retribución no es bien calculada”. Por ello, recomienda crear líneas de financiamiento verde para pequeños y medianos generadores y asegurar que las retribuciones sean técnicamente eficientes.
La soya como medida de contención
Aunque el eje energético concentra la atención de las últimas medidas del gobierno de Rodrigo Paz, Romero también analizó el Decreto Supremo 5547, que establece arancel cero para la importación de grano de soya hasta diciembre de 2026. A su juicio, se trata de una herramienta de estabilización de corto plazo.
“Es una medida claramente coyuntural, orientada a estabilizar precios y oferta en el corto plazo”, afirma. Si bien reduce costos de insumos y mejora la competitividad de la agroindustria, advierte que “puede desincentivar la producción nacional si se prolonga en el tiempo” y generar dependencia externa.
Estabilidad con límites
En su conclusión, Romero sostiene que los tres decretos “responden a problemas reales y urgentes de la economía boliviana”, pero con naturalezas distintas. Mientras los DS 5547 y 5548 buscan contener presiones inmediatas sobre precios y abastecimiento, el 5549 apunta a la transformación del sistema eléctrico.
“En conjunto, ayudan a estabilizar la economía en el corto plazo, pero no sustituyen reformas estructurales en agricultura, hidrocarburos, política fiscal y matriz productiva”, remarca. Y advierte que, sin políticas complementarias, “su efecto será temporal y limitado”.