El Gobierno justificó este lunes la presencia de técnicos extranjeros en la planta de Amoniaco y Urea (PAU), en especial de venezolanos, al asegurar que son tecnólogos con capacidad que no existe en Bolivia. Es más, culpó al gobierno de transición por la demora en el arranque del complejo petroquímico, hecho que le causó un daño de 450 millones de dólares.
El domingo EL DEBER publicó un reportaje que revela que YPFB desplazó a bolivianos de la planta de urea y duplicó contratación de extranjeros, pagando incluso sueldos elevados a estos profesionales que cumplen las mismas funciones que los bolivianos.
Al respecto, Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos justificó la contratación de estos técnicos al indicar que se hizo por la carencia de personal especializado en el país y para reparar los daños que dejó en la planta el anterior Gobierno, al que acusó de paralizar las operaciones del complejo.
Sostuvo que, por estos daños, se requirió personal de alto nivel para poder arrancar la industria.
Es un complejo petroquímico y se requería tecnólogos de distintas partes del mundo, no solo personal venezolano sino chinos, europeos y norteamericanos, estamos en una fase de arranque dijo el ministro en la red Unitel.
El ministro aclaró que este personal no operará la planta, sino que trabajará en la etapa inicial del arranque de producción.
Aseguró que solo un 10% de los técnicos son extranjeros. La planta tiene 480 trabajadores, de ellos el 90% es personal boliviano. Se necesita gente con capacidad que no tenemos en Bolivia”, manifestó. Sin embargo, cuando la planta fue inaugurada, en 2017, el entonces presidente Evo Morales, prometió que sería operada íntegramente por trabajadores bolivianos. Es más, durante su gestión se reclutó profesionales de diferentes empresas del rubro hidrocarburífero y se inició un proceso de capacitación de tres años. Incluso se tomó en cuenta a jóvenes profesionales del programa Semilleros, para que operen el complejo. Todos ellos fueren retirados para la contratación de venezolanos. Hoy 65 trabajadores de esa nacionalidad están trabajando en la industria nacional. Por otro lado, el ministro sostuvo que, a marzo de 2021, el daño económico en esta planta llegó a 300 millones de dólares, y que a la fecha el perjuicio se elevó a 428 millones de dólarespor ingresos no percibidos, costos por reparación, operación y mantenimiento.