El sector cooperativo aurífero del país informó que está abierto a migrar a nuevas tecnologías para reducir el uso de mercurio en sus operaciones, siempre y cuando reciba apoyo estatal en este proceso y se apruebe la rezonificación de áreas protegidas.
“Con la ley del oro, nosotros somos el eje fundamental para las reservas internacionales del Estado Plurinacional; por lo tanto, exigimos al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y al Ministerio de Minería y Metalurgia que haya buenas propuestas para nuestro sector minero aurífero, y así bajar la contaminación y el uso de mercurio”, afirmó Róger Coata, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol). Otra condición para el menor uso de mercurio en la explotación aurífera cooperativizada es la rezonificación de áreas protegidas, según el presidente de la Federación de Cooperativas Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Ramiro Balmaceda. “Estamos pidiendo la rezonificación de áreas mineras preconstituidas en el sector de Apolo, Tuichi, Cocapata (…). Seguramente, con una nueva rezonificación se puede entrar en acuerdos para que nuestras cooperativas hagan una minería responsable”, afirmó el dirigente, en declaraciones recogidas por Los Tiempos. La rezonificación de áreas protegidas es una medidas que desde años desea hacer aprobar el sector aurífero para ampliar el rango de sus operaciones. En este marco, una de las demandas de Fecoman es que aquellos derechos mineros que fueron obtenidos antes de las declaratorias de reservas de áreas protegidas continúen con sus trámites de adecuación a derechos mineros. Ambos dirigentes realizaron estos pronunciamientos luego de que el 21 de julio pasado la Federación Nacional de Cooperativas Auríferas de Bolivia (Fencomin) ratificara su estado de emergencia y anuciara “medidas de hecho” si en un plazo de 48 horas el Gobierno central no destituye al director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Erick Ariñez, por “atentar” contra el trabajo del sector; si no se libera a los detenidos en el operativo contra la minería ilegal en el Río Madre de Dios; y si no se atiende sus demandas, como la celeridad en la aprobación de derechos mineros. Coata informó que la dirigencia del sector se reunió ese mismo día con el ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe. Acordaron iniciar mesas de trabajo desde el 10 de agosto para abordar “todos los puntos emergentes” de la agenda cooperativa. Estos acuerdos se llevan a cabo luego de la aprobación de la Ley de Compra de Oro para el Fortalecimiento de las Reservas y su reglamento, y mientras la administración de Luis Arce está presionada para cumplir los objetivos del Convenio de Minamata, que apunta a la eliminación gradual del mercurio en los países signatarios. Minamata fue firmado por Bolivia el 2015 y ahora “el Estado tiene que poner en práctica nuevas ideas, nuevas propuestas de trabajo para el sector aurífero. Nosotros estamos exigiendo que ya no sean socializaciones, queremos ver propuestas de trabajo en la práctica”, sostuvo Coata, presidente de una federación nacional que aglutina a más de 5.600 cooperativas auríferas. Coata realizó estas declaraciones luego de que, a mediados de este mes, el ministro Quispe indicara que se seguirá con las socializaciones para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera y que existen ya en el mercado nacional tecnologías que reemplazan ese químico en el sector o pueden reducir su uso significativamente, como sistemas de recirculación o centrifugadoras, entre otros disponibles, según el volumen de producción del operador minero. Sin embargo, sobre la posibilidad de apoyo crediticio estatal para esta migración, la autoridad subrayó que las cooperativas pueden adquirir estos equipos“ con suma facilidad”, ya que su costo oscila entre los $us 10.000 y 18.000. De acuerdo con el Ministerio de Minería y Metalurgia, las cooperativas producen el 99,6% del oro de Bolivia, mineral que se extrae de La Paz (73,6%), Beni (21,2%) y Santa Cruz (3,3%). El año pasado, las exportaciones de oro sumaron $us 3.007 millones, pero las regalías que dejó la actividad fueron de menos de $us 70 millones. “Nosotros empezamos con nuestros propios recursos a hacer la prosecución de trámites y la prospección de áreas, solamente el Gobierno aparece cuando el sector minero aurífero está en producción, para hacer la fiscalización de ventas legales”, afirmó Coata.