La escasez de GLP en el país está directamente vinculada al contrabando hacia países vecinos, donde la garrafa se vende hasta en 150 bolivianos, frente a los 22,50 bolivianos que cuesta en Bolivia, advirtió el experto en hidrocarburos Raúl Velásquez, quien alertó además que la caída de la producción de gas y la vigencia del subsidio están profundizando la crisis de abastecimiento. En este contexto, alertó que el país tendrá que importar este producto para mantener el abastecimiento interno.
Velásquez explicó que en Bolivia la garrafa de 10 kilos se vende a 22,50 bolivianos gracias a la subvención estatal, mientras que en países fronterizas como Perú el precio oscila entre 100 y 150 bolivianos, y en otros países de la región llega hasta Bs 200 bolivianos. “El principal incentivo para el contrabando es el precio. Esa brecha hace muy atractivo sacar el GLP del país”, señaló.
Según el analista, tras la eliminación de la subvención al diésel mediante el Decreto 5516, muchos contrabandistas que antes operaban con ese combustible se volcaron a la venta irregular de GLP, que mantiene el subsidio. “Los que traficaban diésel ahora se han refugiado en el contrabando de GLP”, afirmó.
A este problema se suma un factor estructural: la caída de la producción de gas natural en un 52% en los últimos 10 años. “Cuando cae la producción de gas natural, también cae la producción de GLP. Este es un problema que venimos arrastrando desde hace una década”, explicó Velásquez, al advertir que revertir esta tendencia tomará entre cinco y ocho años.
Propuesta de ajustes graduales y focalización
Frente a este escenario, el experto planteó la necesidad de repensar la política de subvenciones. Propuso un retiro gradual del subsidio al GLP, con incrementos de hasta 10% anual, acompañado de una focalización que priorice a las familias más vulnerables. “Muchas veces el GLP subsidiado se ha usado incluso para calentar piscinas. El beneficio no siempre está llegando a quienes más lo necesitan”, sostuvo.
Velásquez reconoció que el control del contrabando es un desafío complejo, especialmente en zonas fronterizas del altiplano, pero consideró que debe combinarse con una política de refocalización de la subvención. “Controlar la frontera es difícil, pero es indispensable. Y al mismo tiempo hay que asegurar que la ayuda estatal llegue a la gente que realmente la necesita”, remarcó.
Riesgo de importaciones y presión fiscal
El especialista alertó que, de no revertirse la caída productiva, Bolivia podría verse obligada a importar GLP desde mediados de este año o, a más tardar, en 2026, y gas natural a partir de 2028. Importar GLP a precios internacionales y venderlo a Bs 22,50 implicaría, dijo, repetir el esquema deficitario que se tuvo con la gasolina y el diésel. “Esa diferencia tendría que cubrirla el Estado, algo muy difícil con la situación actual de las finanzas públicas”, advirtió.
Finalmente, Velásquez insistió en la necesidad de una nueva política hidrocarburífera y energética de largo plazo que incentive la exploración y atraiga inversión. “Bolivia necesita encontrar al menos tres megacampos y eso requiere cambios normativos. Sin una nueva ley de hidrocarburos, será muy difícil revertir la caída de la producción”, concluyó.