La Sociedad de Ingenieros de Bolivia filial Santa Cruz (SIB-SC) lanzó una dura advertencia: numerosas empresas constructoras están al borde de la quiebra y varias obras públicas corren riesgo de paralizarse debido al actual sistema de reajuste de precios impuesto por el Decreto Supremo 5321. Según la entidad, esta norma —promulgada por el Gobierno para actualizar parcialmente los costos de los contratos estatales— solo contempla el incremento de precios en ciertos materiales importados, pero deja fuera componentes esenciales como la mano de obra, el uso de maquinaria, los impuestos (IVA e IT), los gastos generales y las utilidades. “Esto genera una distorsión profunda y una carga financiera insostenible para los contratistas”, advirtió Luis Alberto Solíz, asesor técnico de la SIB-SC. A modo de ejemplo, señaló que, si un ítem de obra sube 30 % por el aumento de insumos importados, pero otros costos asociados también suben sin poder reajustarse, la empresa termina asumiendo la pérdida. “Eso no es un reajuste real, es una transferencia de pérdidas”, denunció. Desde una perspectiva legal, el jurista Jorge Amas calificó esta situación como una “expropiación encubierta” del patrimonio privado. “Se obliga al contratista a financiar con sus propios recursos una parte sustancial de la obra, sin ninguna compensación. Esto vulnera el equilibrio económico del contrato”, alertó. Los ingenieros recordaron que en el pasado existieron mecanismos más justos. Por ejemplo, el Decreto Supremo 18948 de 1982 y una ordenanza del Gobierno Municipal de Santa Cruz en 2008 permitieron ajustes integrales que contemplaban todos los costos del proyecto. La SIB-SC identificó al menos cuatro consecuencias inmediatas de este decreto: obras públicas inconclusas por inviabilidad financiera; quiebra de pequeñas y medianas empresas contratistas; desconfianza empresarial: cada vez menos firmas se presentan a licitaciones públicas y la exclusión de consultorías y supervisiones del mecanismo de reajuste, agravando la situación. “Este no es un pedido de privilegios. Es una exigencia mínima para que las condiciones contractuales permitan cumplir con las obras sin destruir al sector que las ejecuta”, concluyó la entidad, que exige una revisión urgente del decreto por parte del Gobierno nacional y las entidades subnacionales.
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