El fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que el Ministerio Público investiga a cinco efectivos militares del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) por el presunto delito de concusión, tras haber sido sorprendidos en flagrancia mientras facilitaban el paso de mercadería ilegal en el sector fronterizo de Julo, municipio de Sabaya.
La intervención se realizó el pasado 22 de julio, a raíz de una denuncia del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, que alertó sobre supuestos cobros irregulares a transportistas para permitir el ingreso de productos de contrabando al país.
Los implicados —el teniente F.B. (30), el suboficial 2do. J.V. (34), el sargento 1ro. H.B. (30) y los sargentos 2do. M.Q. (28) y C.C. (26)— fueron interceptados por otro grupo del mismo CEO-LCC, que se encontraba verificando el cumplimiento de funciones en la zona. Al no encontrarlos en su puesto, se organizó un operativo de búsqueda y fueron ubicados a más de un kilómetro del lugar.
Durante la intervención, se requisaron los teléfonos móviles de los efectivos, donde se hallaron mensajes y archivos que evidenciarían una presunta coordinación para permitir el paso de al menos 17 camiones con mercancía ilegal.
Uno de los mensajes hacía referencia al cobro de 27.600 bolivianos. También se encontraron códigos QR presuntamente vinculados a transacciones y reportes logísticos que intentaban justificar el retiro de un vehículo por supuestas fallas mecánicas.
En el lugar fue hallado un camión Nissan Cóndor abandonado, cargado con fardos de ropa y equipos de comunicación. Las radios incautadas coincidían en frecuencia con las empleadas por una patrulla militar cercana. Para evitar que la carga fuera recuperada por contrabandistas, el camión fue destruido mediante incineración, conforme a protocolos establecidos.
Los cinco militares fueron trasladados a la ciudad de Oruro y puestos a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía presentó suficientes elementos de convicción para solicitar su detención preventiva, mientras prosiguen las investigaciones. El caso es considerado de alta relevancia institucional, por tratarse de servidores encargados de la lucha contra el contrabando en zonas fronterizas estratégicas.