La idea de industrializar el litio en Bolivia no es nueva. Desde la década de 1970, se realizaron estudios para aprovechar el llamado “oro blanco”. Sin embargo, desde entonces hasta la actualidad, han existido cinco intentos fallidos de materializar este emprendimiento, con una inversión cercana a los $us 1.000 millones que no dio frutos.
Ahora, un sexto intento parece estar en riesgo de desvanecerse.
¿Por qué? Principalmente porque existen dudas sobre los beneficios económicos que el país podría obtener con los dos contratos firmados por la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con la china Hong Kong CBC Investment Limited y la rusa Uranium One Group.
Entidades cívicas de Potosí rechazan estos acuerdos y, por ahora, la Asamblea Legislativa mantiene en suspenso su aprobación debido al descontento social.
Proyectos fallidosEl primer esfuerzo para industrializar el litio se realizó entre 1975 y 1982, cuando se llevaron a cabo estudios de prospección y exploración de los salares bolivianos mediante un convenio entre la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM), actualmente Institut de Recherche pour le Développement (IRD).
El segundo intento ocurrió entre 1989 y 1993, cuando se buscó concesionar el Salar de Uyuni a la empresa estadounidense FMC Lithco. Aunque el proyecto no prosperó en Bolivia, la empresa obtuvo concesiones en el Salar del Hombre Muerto, Argentina, donde ha operado durante más de dos décadas.
En 2008, bajo la gestión del expresidente Evo Morales, se relanzó la industrialización del litio con un plan de tres fases y una inversión inicial de $us 5,7 millones. En 2011, se aprobaron $us 118 millones adicionales para avanzar en las fases II y III del proyecto. En 2012, la Ley Financial destinó otros $us 760 millones para fortalecer la capacidad de extracción y procesamiento del litio.
Hasta 2021, de un total de $us 1.231,5 millones asignados al desarrollo de la industria del litio, solo se ejecutaron aproximadamente $us 585,9 millones.
En 2018, Bolivia firmó un acuerdo con la empresa alemana ACI Systems GmbH para la fabricación y comercialización de baterías de litio. Sin embargo, el proyecto fue anulado en 2019, representando un nuevo revés en los planes de industrialización.
Ese mismo año, el Gobierno alcanzó un acuerdo con el consorcio chino Xinjiang TBEA Group-Baocheng para la explotación de los salares de Coipasa y Pastos Grandes.
Este convenio también incluía la construcción de una fábrica de baterías de ion-litio en China con la participación de YLB, pero tampoco generó resultados concretos para el país.
Para el analista Carlos Delius, la falta de consulta con la población potosina ha sido uno de los principales factores del fracaso de estos proyectos. “El pecado original de este contrato es no haberlo hablado con los potosinos. Si no hay licencia social, no hay contrato viable”, enfatizó el experto.
Según Delius, la ausencia de participación local ha sido la causa de varios fracasos, incluyendo el intento con la empresa alemana ACI Systems.
Nuevos contratosEn 2024, el Gobierno de Luis Arce Catacora firmó acuerdos con empresas chinas y rusas con compromisos de inversión superiores a los $us 2.000 millones para la construcción de plantas de extracción con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).
El primer contrato vincula al Estado boliviano con la empresa Hong Kong CBC, que construirá dos plantas de industrialización en el Salar de Uyuni con una inversión superior a los $us 1.000 millones. Se espera que estas fábricas tengan una capacidad de producción de 10.000 y 25.000 toneladas anuales.
El acuerdo con Uranium One Group establece una concesión por 22 años (prorrogables) a cambio de una inversión de $us 1.000 millones. Tras la construcción de la planta, la empresa recuperará su inversión mediante contratos adicionales de operación, mantenimiento y comercialización.
El Club de Ginebra advierte que el contrato no sólo va en contra de la normativa constitucional, que exige que el Estado tenga el control y dirección de los recursos naturales, sino que también podría poner en riesgo la rentabilidad del sector.
Todo esto fue rechazado por YLB. Pablo Nina, gerente legal, de la estatal, indicó que la inversión realizada por los operadores se asume bajo riesgo, tanto económico como tecnológico, y que no se trata de una deuda clásica. “Si la planta, durante las pruebas, no cumple con los parámetros, la empresa deberá desmantelarla y se cerraría la obligación de pago”, dijo Nina.
Ante los cuestionamientos, la Asamblea Legislativa decidió suspender el tratamiento de estos contratos. Pero el Gobierno presiona para su aprobación.
“El tiempo del litio se nos puede escapar de las manos, cuidado que mañana ya aparezcan las baterías de hidrógeno, de sodio y reemplacen al litio”, advirtió el presidente Arce en un acto en Tarija.