La Federación de Choferes de La Paz definirá este domingo, en un ampliado de emergencia, si acepta o no la propuesta del Gobierno de activar un seguro contra terceros para cubrir la reparación de vehículos afectados por el uso de combustible de mala calidad distribuido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El dirigente de la Federación de Choferes Primero de Mayo, Edson Valdez, confirmó que el encuentro será virtual y subrayó la necesidad de sostener una reunión directa con autoridades del gobierno de Rodrigo Paz para conocer en detalle el alcance del seguro anunciado por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. “El ampliado de emergencia del transporte nacional será virtual”, informó.
De acuerdo con lo anticipado, en la reunión se prevé la participación de representantes de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el fin de explicar el mecanismo de aplicación del seguro y los protocolos que se utilizarán para identificar a los motorizados que serán atendidos.
Medinaceli había señalado el viernes que el Gobierno activará un seguro para que los vehículos afectados por el combustible de mala calidad puedan ser reparados. Indicó que una aseguradora será la encargada de disponer de talleres y de definir los procedimientos de selección de los vehículos.
Valdez precisó que solo en la Federación de Choferes Primero de Mayo existen más de 400 vehículos en La Paz y El Alto con problemas en el motor a causa del combustible “desestabilizado”.
El dirigente reiteró además la demanda de sanciones para los responsables de la distribución del carburante en esas condiciones y pidió la destitución de la directora de la ANH, Margot Ayala.
En respuesta anticipada a estos pedidos, el ministro Medinaceli expresó el viernes su respaldo tanto a Ayala como al presidente de YPFB, Yussef Akly, quienes han sido cuestionados por este problema.
En los últimos días se registraron movilizaciones en La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Beni, donde conductores denunciaron daños en sus vehículos y exigieron un resarcimiento, luego de que el propio Gobierno admitiera la distribución de gasolina “desestabilizada”.