La Cámara Nacional de Comercio (CNC) rechaza categóricamente la promulgación de la Ley de Diferimiento de Créditos, una norma de las autoridades salientes que para sus afiliados, aumenta la mellada economía del país.
Esta ley, según la CNC, atenta contra el sistema financiero, afecta la liquidez de las entidades bancarias y golpea directamente al sector productivo, a las fuentes de empleo y a la inversión nacional.
Las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas dependen del crédito para mantener operaciones, cumplir sus obligaciones y propiciar su crecimiento y distorsionar este equilibrio es debilitar la economía entera de Bolivia, observan desde la entidad.
También hacen notar que el diferimiento forzoso de créditos rompe los principios básicos de previsibilidad y seguridad jurídica, desincentiva la intermediación financiera y pone en riesgo el acceso futuro al crédito, especialmente para el sector productivo y emprendedores.
La CNC considera que las políticas públicas deben construirse en base a criterios técnicos, diálogo y responsabilidad nacional. “Por ello, solicitamos a las nuevas autoridades revisar de inmediato ésta y otras medidas aprobadas que van en contra de la recuperación productiva del país”, demandaron desde la CNC
Más rechazos
Días atrás el sistema financiero boliviano alertó que la aprobación del Proyecto de Ley 547/2024-2025, conocido como Ley de Diferimiento de Créditos, es un golpe al sector, pues la nueva norma aprobada en la Asamblea Legislativa, provocará una reducción en la liquidez de las entidades de intermediación financiera.
Esta situación, de acuerdo con la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Insituciones Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones de Desarrollo Financieras (Finrural), generará un escenario en el que el sector tendrá problemas para seguir otorgando créditos “a familias, emprendedores y empresas, con consecuencias directas sobre la actividad económica del país”.
En este sentido, tanto Asoban, Asofin como Finrural consideran que la aplicación de un diferimiento generalizado, “sin mecanismos compensatorios adecuados, ni análisis de los prestatarios verdaderamente afectados, podría debilitar la estabilidad del sistema financiero y poner en riesgo la confianza del público”.