El Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó ayer, 16 de junio, la Resolución N° 079/2025 para la modificación del Reglamento de Encaje Legal para las entidades de intermediación financiera (EIF), con el propósito de ampliar los recursos del sistema financiero y facilitar el acceso a créditos para el sector productivo.
En un comunicado difundido este martes, el ente emisor explicó que con la aprobación de la resolución el BCB extendió los plazos del Fondo para Créditos destinados al Sector Productivo (Fondo CPRO), por lo que las entidades financieras podrán utilizar recursos hasta el 30 de diciembre de 2025, mientras que la vigencia del fondo se extenderá hasta el 30 de diciembre de 2026.
“Esta ampliación brindará a las entidades un mayor horizonte para planificar el uso de fondos y responder con mayor eficacia a la demanda de financiamiento productivo, dando un decidido impulso al desarrollo económico del país durante la presente gestión”, señaló el comunicado del BCB.
Por su parte, la agencia oficial ABI, indicó que desde su creación, en enero de 2022, el Fondo CPRO se consolidó como una importante herramienta para dinamizar el crédito productivo en condiciones favorables ya que el sector tiene una alta demanda de financiamiento.
“A mayo de 2025, los créditos del sector productivo representan cerca del 50% de la cartera total del sistema con una tasa de crecimiento del 8,8%. Además, este tipo de crédito es fundamental para el desarrollo de la microempresa que se concentra principalmente en las actividades de industria manufacturera, agricultura, ganadería y construcción, actividades que aportan con más del 27% en la generación de empleo”, reportó ABI.
A la fecha, este fondo dispone de un saldo de casi Bs 2.000 millones, que estará al alcance de entidades bancarias y no bancarias a nivel nacional que desempeñan un rol clave en la intermediación y la inclusión financiera.
De forma complementaria, el BCB modificó la composición del encaje legal exigido a los Bancos Múltiples y al Banco Público para que puedan mantener hasta el 40% de esta reserva en Fondos en Custodia en moneda nacional, en cualquier región del país.
“Este ajuste permitirá que una mayor parte de los recursos destinados al encaje legal puedan mantenerse en cajas de las EIF con el fin de facilitar sus operaciones recurrentes, atender requerimientos regionales y continuar fortaleciendo el crédito en los diferentes rubros”, agregó.
El ente emisor estima que esta modificación tendrá un impacto cercano a los Bs 1.700 millones que el sistema financiero podrá destinar a sus operaciones financieras.
El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, explicó que el Gobierno está aplicando este tipo de políticas económicas para buscar financiamiento y lo está haciendo dentro del sistema financiero nacional, es decir con fondos privados.
Recordó que hace pocos meses, el BCB ya había adoptado la misma medida para el Encaje Legal en dólares, para dar cierta liquidez al sistema bancario. “Ahora el Encaje Legal en bolivianos está buscando lo mismo, obviamente con otros fines productivos, que pueden ser para vivienda y también para créditos sociales, porque son a tasas bajas de interés, pero no cambia la figura”, expresó.
“En todo caso -agregó- se puede entender que está tomando dineros privados, porque al final los encajes legales son dineros privados que tienen los bancos de las captaciones que hacen del público y que tienen, en teoría, en sus bóvedas como respaldo de sus depósitos. Pero al bajar los mismos y destinar cierto porcentaje a otros fines, es como si se estaría financiando políticas públicas con recursos privados”, puntualizó Romero.
Al mismo tiempo, el economista destacó que las políticas sociales generan movimiento económico y satisfacción para la población, pero no es un buen negocio para los bancos. “Prestan sus recursos a largo plazo, con tasas de interés bajas y, literalmente, se descapitalizan, porque podrían prestar sus recursos a otras fuentes y generar a corto plazo o en menor tiempo más dividendos o utilidades”, afirmó.