Los transportistas de carga pesada levantaron la vigilia que mantenían en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras la firma de un contrato temporal por 90 días, para la importación de combustible subvencionado.
Desde el miércoles, los transportistas que realizan la importación de combustibles mantenían un bloqueo de vías en demanda de una adenda con la estatal YPFB.
El sector se declaró en emergencia y esperaba una solución al conflicto, que se da en momentos en que el país pasa por una severa crisis de abastecimiento de diésel y gasolina.
“La parte legal nos pasó los contratos por 90 días. No es exactamente lo que pedíamos como cisterneros, pero las empresas han aceptado firmar y de esa manera se ha determinado levantar la vigilia. Hemos dado la instructiva a nuestros camiones en Argentina y Paraguay para que carguen el combustible”, declaró Ronald García, dirigente del sector.
El dirigente indicó que todas las empresas y cooperativas que prestan servicio hacia el oriente del país quedaron conformes con el acuerdo y que ya se están reanudando las cargas de combustibles. Además, confirmó que YPFB regularizó el pago pendiente del mes de junio y que la de julio se efectuará durante la próxima semana.
García advirtió que la situación de largo plazo dependerá del nuevo gobierno, señalando que se deberán analizar las tarifas y definir si se mantiene o se levanta la subvención del combustible. “Con el nuevo gobierno tenemos que sentarnos, hacer un estudio, analizar bien el tema de tarifas y, probablemente, hacer una licitación por un año calendario como corresponde”, añadió.
El presidente de la Federación de Empresarios Cisternistas del Oriente, Sergio Koski, sostuvo que los contratos vigentes datan de hace más de 14 años y no han sido actualizados, a pesar de los cambios en las condiciones económicas del país.
“No se puede trabajar con un contrato que tiene 14 años, cuando hasta ayer (miércoles) hemos trabajado con adendas. Estamos pidiendo que se mantenga hasta diciembre, pero extrañamente ahora no quieren adenda”, afirmó antes del acuerdo alcanzado.
En la actualidad el sector considera que se requiere una reingeniería junto con las nuevas autoridades que asuman la administración estatal. “Este es un país mediterráneo, con puertos lejos, y es de vital importancia que los 7.000 camiones que atienden al Estado boliviano sean tomados en cuenta”, sostuvo Koski.
Este conflicto no es el primero que YPFB enfrenta con los transportistas estatales; en ocasiones anteriores se registraron bloqueos y vigilia similares, que afectaron la distribución de combustibles a nivel nacional y generaron pérdidas económicas para el sector.
Filas y muertes
Recientemente, el secretario de Conflictos de la Confederación de Choferes de Bolivia, Sandro Araya, denunció que al menos 12 conductores fallecieron en lo que va de 2025 debido a las prolongadas esperas en puertos y fronteras.
“Como ya se ha hecho costumbre los choferes asalariados del país que traemos materia prima de diferentes países, hemos tenido otro deceso en Paraguay, otro en Argentina y también en Perú. Este gobierno se está cargando más de muertos por hacer fila para cargar diésel”, afirmó Araya.
El dirigente explicó que las esperas pueden prolongarse por varios días, en condiciones precarias, sin acceso a una alimentación adecuada y bajo presión constante. “Algunos tienen la presión alta, otros sufren de diabetes y la debilidad nos lleva al deceso”, detalló, responsabilizando al Ejecutivo por no atender las alertas del sector.
Araya lamentó que los reclamos de los transportistas fueron ignorados desde el inicio de la escasez de combustibles. “Este gobierno nunca nos ha hecho caso, nos han tratado como si los choferes asalariados fuéramos la última lacra, cuando en realidad movemos la economía del país”, cuestionó.
El dirigente advirtió que, pese al cambio de gestión en un mes, los transportistas no descartan acciones legales, contra la estatal y las autoridades del sector.