El gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, dispuso que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) inicie una auditoría sobre la emisión de certificados de exportación de carne a Rusia, luego de que surgieran denuncias de presuntas irregularidades vinculadas a una empresa del sector frigorífico de Santa Cruz.
“Hemos instruido al Senasag que haga la auditoría correspondiente a todos los certificados que se han emitido para las exportaciones. Hemos tenido algunas denuncias, evidentemente, de que se estarían cometiendo irregularidades”, informó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, en conferencia de prensa el martes.
El caso salió a la luz el 25 de septiembre tras una denuncia realizada en un programa emitido por redes sociales desde Santa Cruz. El frigorífico en cuestión tendría suspendida su licencia de exportación a Rusia, por parte del Ministerio de Agricultura de ese país.
Investigaciones posteriores revelaron que la empresa había adquirido 121 formularios, cuyos números coincidían con los certificados observados por la Aduana rusa, aunque “los mismos no fueron emitidos por el Servicio Nacional de Certificación de Exportaciones, Senavex”.
En un informe remitido al Ministerio Público en abril de 2025 y se presume que los certificados “fueron falsificados”. La Fiscalía abrió procesos por uso de instrumento falsificado contra el representante legal y un funcionario de la empresa.
Según un despacho de la agencia estatal de noticias ABI, el gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, indicó que uno o más operadores podrían haber utilizado la subpartida arancelaria de “despojos comestibles” para enviar cortes especiales de carne, evadiendo los permisos requeridos para ese tipo de productos.
Aunque evitó referirse directamente al caso, el ministro Flores destacó que la reciente restricción a las exportaciones permitió “generar información digital” para fortalecer el control del sector y prevenir nuevas irregularidades.
“Hasta el momento estamos en ese trabajo de hacer las indagaciones y si hay responsabilidades las vamos a sancionar, como ya lo hemos hecho”, aseguró.
La investigación continúa abierta y podría derivar en responsabilidades penales y administrativas no solo para representantes del frigorífico, sino también para funcionarios públicos que hubieran facilitado la presunta falsificación.