El Gobierno admite que el ciclo de turbulencia financiera internacional -los bancos centrales continúan con el incremento de tasas para disminuir la aún elevada inflación, la demora en la resolución del techo de la deuda de EEUU y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania- y, en lo interno, la presión social en las carreteras del país y la resistencia legislativa para la aprobación de créditos, amenazan la recuperación y crecimiento de la economía. Sectores del tejido empresarial y productivo nacional hablan de incertidumbre y desempeño magro de la economía. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sostienen que las perspectivas económicas mundiales para el resto de 2023 son complejas debido a las turbulencias en el sector financiero, la inflación aún por encima de las metas de los países, el impacto sostenido de la guerra entre Rusia y Ucrania, y el enfriamiento de la actividad económica como resultado de la política monetaria contractiva en economías avanzadas y emergentes. “Existen factores que no están bajo el control del ministerio que pueden afectar negativamente el desempeño de la economía boliviana. Si se mantiene el contexto adverso en la economía mundial, que es exógeno a nosotros, éste puede mermar el crecimiento económico de Bolivia. Así también, si se presentan restricciones internas por intereses individuales o políticos, como los suscitados entre octubre y noviembre de 2022 o el rezago en la aprobación de créditos en la Asamblea, también es previsible observar mermas en la actividad económica agregada para 2023”, apuntan desde la cartera de Estado. A pesar de ello, aseguran que las proyecciones del Presupuesto General del Estado (PGE) se mantienen como las metas a las que apuntan llegar. “Las perspectivas para el cierre de la presente gestión se relacionan con la aplicación de políticas fiscales, monetarias y sociales contracíclicas que dinamicen la demanda interna, de tal forma que aminoren los efectos negativos del contexto externo”, afirman, al detallar que el Gobierno continuará realizando esfuerzos para garantizar recursos para la inversión pública, cuyo monto previsto en el PGE 2023 es de $us 4.006 millones enfocado en el área productiva (41,7%), infraestructura (23,9%), social (25,6%) y multisectorial (8,8%). Respecto a la industrialización con sustitución de importaciones a partir de diferentes proyectos, el Ministerio de Economía detalla avances importantes en algunos de los cuales se harán entrega en la presente gestión, tal el caso de las plantas industriales de carbonato de litio y de fertilizantes granulados NPK (agosto) y la planta siderúrgica de acero en Mutún (diciembre). “Dichos proyectos permitirán dinamizar más la actividad económica, fortalecer la oferta productiva nacional y generar ahorros y nuevos ingresos para el país”, puntualizan. Acerca del desempeño de la economía, afirman que preserva un esquema de estabilidad donde los precios no aumentaron de forma abrupta como pasa en otras economías. Bolivia registró una inflación acumulada de 0,8% al mes de junio, una de las cifras más bajas a nivel mundial y de Sudamérica. El Ministerio de Economía habla de un dinamismo sostenido del consumo de los hogares que se refleja en el crecimiento de las ventas facturadas de los restaurantes, hoteles y transporte aéreo crecieron en 15%, 15% y 10%, respectivamente. “La continuidad en la recuperación de la economía nacional también se refleja en el mercado laboral, el cual registró una tasa de desocupación urbana de 4,2% durante abril”, manifiestan. Clima de incertidumbre Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, es evidente que se ha sobrepasado la crisis de la pandemia, aunque -dijo- quedan consecuencias no superadas en algunas áreas, lo que produce una mayor cautela en decisiones de crecimiento o inversión. “Cualquier medida o efecto de shock interno o externo, puede ser un riesgo para el sector, pero en especial para las medianas y pequeñas empresas. Hasta ahora las medidas económicas han logrado controlar algunos problemas como la demora en la provisión de combustible o el cierre del Banco Fassil, que amenazaban afectarnos con mayor rigor. Ha primado la prudencia y la respuesta efectiva y, aunque subsisten los problemas como la disminución de las RIN, la escasez de dólares en el sistema bancario, el contrabando creciente, la insuficiente inversión extranjera y la salida ilegal de combustible al exterior, la economía mantiene un margen de estabilidad adecuado”, precisó. Para lo que resta del año, desde la perspectiva de Ortuño se mantiene la incertidumbre por muchos factores externos que pueden incidir favorable o desfavorablemente. Por ejemplo, “la mayor disponibilidad de dólares en la economía depende de la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa, del apoyo a las exportaciones y de los precios del combustible importado, es decir variables no controladas”, expuso el presidente de la CEPB. Ortuño considera que la situación externa tiende a estabilizarse y el crecimiento mayor de la región parece una posibilidad cercana, pero al mismo tiempo el debilitamiento de la economía peruana y la persistente crisis argentina son factores que también inciden en lo interno. “Pese a las señales negativas o los presagios oscuros, tenemos posibilidades no solo de resistir con éxito los problemas, sino de avanzar en crecimiento y desarrollo, pero eso dependerá de que todos vayamos en el mismo sentido y entendamos que cuando se trata de la economía, están en juego la vida y el bienestar de todos”, anotó. Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC -Bolivia), el presidente Jaime Ascarrunz, dijo que algunos indicadores, el deterioro del valor de las exportaciones en los primeros meses del año, la reducción en la calificación de la deuda soberana del país y la escasez de dólares en la economía son señales poco alentadoras para el futuro de la economía. No obstante, apuntó que hay que señalar también que los indicadores del empleo en la economía se mantienen estables. Aseguró que el riesgo más importante identificado por el sector es la escasez de dólares en el mercado, puesto que, en la medida en la que las empresas asociadas a la CNC no puedan acceder a la divisa que requieren para importar bienes finales e insumos necesarios para sus procesos productivos, tendrán que reducir la oferta de bienes. “Relacionado con lo anterior está el riesgo de que, ante la reducción en la oferta de ciertos productos, el Gobierno tenga la tentación de endurecer la regulación. El Gobierno cree que generando mayor regulación puede mejorar la provisión de productos. En la mayoría de los casos la regulación no soluciona el problema, sino que lo agrava. Si se liberaran las restricciones a las exportaciones, podríamos contar con una mayor cantidad de divisas extranjeras, tan necesarias hoy en día. Adicionalmente en el largo plazo menores restricciones a las exportaciones incentivarían la inversión y el crecimiento en la oferta de estos sectores”, apuntó. Ascarrunz cree que es necesario tomar conciencia de que la economía boliviana enfrenta una situación muy desafiante. “En el corto plazo es necesario que se reduzca el gasto público y se equilibren las cuentas fiscales. No es posible tener déficits fiscales elevados por tantos años (el país mantiene un déficit fiscal desde 2014). Si bien es posible recurrir al endeudamiento para mantener estos déficits en el corto plazo, parece que nos acercamos a un límite de endeudamiento y se hace cada vez más necesario consolidar las cuentas fiscales. Esta reducción del déficit fiscal aliviará las presiones sobre la balanza comercial y el mercado de divisas”, expresó el titular de la CNC. Para Ascarrunz, la dificultad para acceder a los dólares es la consecuencia de la caída en los volúmenes de exportación de gas. “Esta reducción en la capacidad exportadora de gas del país no es transitoria y para volver a exportar los volúmenes que solíamos, se requiere encontrar nuevas reservas, para lo que es necesario realizar importantes inversiones y tiempo para que estas inversiones maduren”, puntualizó. En criterio del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Oscar Mario Justiniano, han transcurrido siete meses complejos en lo económico, lo social y lo político. “El sector privado ha demostrado su resiliencia y contribuido a mantener el aparato productivo en movimiento. La estabilidad de la moneda, una posible espiral inflacionario y el abastecimiento oportuno de gasolina y diésel son los riesgos identificados por el sector”, dijo, al inferir que es necesario mejorar las relaciones entre el sector privado y público y anota que cuando las respuestas se construyen con entendimientos previos suelen ser más eficientes. Aparato productivo en riesgo La economía mundial, según la Cámara Nacional de Industrias (CNI), actualmente se encuentra en proceso de estanflación, es decir, estancamiento con inflación, en particular en las economías desarrolladas. “El estancamiento con inflación internacional representa para el sector industrial del país un incremento de precios de materias primas e insumos intermedios lo cual incrementa sus costos de producción y reduce su competitividad, tanto en el mercado interno como externo”, afirmó. A escala nacional, insinúa que se tiene el problema del contrabando y la informalidad que son competencia desigual y desleal a las empresas formales en el país. A su vez, en el primer trimestre de 2023 los problemas económicos y sociales que se tradujeron en paros y bloqueos impulsaron un menor ritmo de actividad económica”, detallaron desde la CNI. Según la organización empresarial, la presente gestión plantea un escenario de menor crecimiento respecto de 2022 que afectará a la producción industrial. “Se advierte que en 2023 y en años siguientes se presentarán problemas para la provisión de energía (gas y electricidad) al sector productivo por la declinación de los pozos gasíferos y por la falta de descubrimiento de nuevos yacimientos de gas, como también un escenario internacional en recesión por el conflicto bélico internacional en curso que afectará la actividad industrial nacional. Si no se implementan políticas públicas y acciones más intensas contra el contrabando, el mismo superará los niveles de 2022, generando una mayor destrucción del aparato productivo”, relievan desde la CNI. Medidas urgentes Para el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, preocupa el comercio exterior por el déficit de $us 166 millones, a mayo; la caída del 23% en la exportación y la subida del 6% en la importación. “Resta conocer el impacto de la intervención de un banco privado y la escasez de dólares”, insinuó. Cree que del comportamiento del comercio exterior dependerá la estabilidad de la economía e infiere que el encarecimiento del dólar para las transferencias al exterior está llevando a un incremento del costo de importación que se repasará al productor y desde éste, al consumidor. “Incidirá también en los costos que debe asumir el exportador para sus contrataciones externas. Si el comercio exterior en bienes continúa siendo deficitario y a ello se suma al déficit crónico en servicios, esto implicará una presión para las RIN del BCB y el tipo de cambio”, apuntó. En criterio de Rodríguez, hay que tomar decisiones con urgencia para resolver la falta de dólares- “Ese es el mayor desafío para el Gobierno, algo que -ya que si se continúa incurriendo en déficit fiscal y en la política de subvenciones- la estabilidad solo se garantizará a costa de un mayor sacrificio de las RIN, para lo que urge incrementar las exportaciones a corto plazo, algo imposible de realizar sin una agenda público-privada que lleve a mayores niveles de inversión, producción y oferta exportable”, aseveró. Enfriamiento de la demanda Según el presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), José Luis Farah, la situación económica sectorial sigue igual que al inicio de año, “las comisiones para transferir divisas al exterior no bajan, la banca no vende dólares de forma normal como en años anteriores y eso sigue encareciendo las importaciones de los bienes que compramos del exterior, principalmente maquinaria, equipos e insumos necesarios para incrementar la producción”, expresó. En su criterio, el bajo nivel de inflación registrado hasta el primer semestre de 2023 de 0,79% y con el atenuante de que en algunos meses fue negativa, refleja el enfriamiento de la demanda, situación que es muy evidente en los productos agropecuarios. “Urge garantizar la cadena de suministros del sector, principalmente en lo que se refiere a combustibles y bienes de capital, ambos son fundamentales para un mayor crecimiento del sector”, refirió.
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