El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) solicitó la aprobación de una ley que blinde su funcionamiento y garantice la legitimidad de sus decisiones, ante posibles impugnaciones y demandas de inconstitucionalidad durante el proceso de los comicios subnacionales y la elección de vocales electorales. Mientras que desde el Senado se proyecta una norma transitoria y excepcional para regular su operación hasta las nuevas elecciones judiciales.
Según el magistrado Boris Arias, el Tribunal Constitucional enfrenta un contexto complejo. Tras la renuncia de los magistrados autoprorrogados, la institución quedó con cuatro magistrados en funciones.
“Creemos que para dar mayor certidumbre en estas causas debería existir un pronunciamiento de la Asamblea Legislativa. El Tribunal Constitucional es un órgano cuya naturaleza es resolver causas que tienen un impacto fundamentalmente político, y mucho importa la legitimidad de los magistrados; eso significa que se debe creer un mínimo en la decisión que están tomando los magistrados para que puedan obedecer sus decisiones”, apuntó Arias durante una entrevista en el programa Influyentes de EDTV.
Según el magistrado, el TCP requiere este “blindaje” para garantizar tanto el proceso electoral subnacional como el proceso de selección y designación de vocales electorales, ante posibles impugnaciones. Durante el proceso electoral para los comicios presidenciales rumbo a la primera vuelta, se presentaron 17 causas judiciales que pusieron en riesgo el proceso electoral.
“Todo el proceso electoral, toda la elección de vocales, en algún momento va a ser impugnado, y bueno, lo que conviene es tener un Tribunal Constitucional al que se le quite la absoluta duda sobre el trabajo que va a realizar. Escuché por ahí que las prioridades son la elección subnacional y los vocales electorales, pero olvidan probables decisiones que se vayan a impugnar y, por tanto, la legitimidad del proceso electoral va a depender del Tribunal Constitucional”, explicó Arias.
La norma de Ávila
En respuesta a la situación, el presidente de la Cámara Alta, Diego Ávila, presentó un proyecto de Ley de Funcionamiento Transitorio y Excepcional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La iniciativa establece un régimen temporal y excepcional para el funcionamiento de ambos tribunales, buscando garantizar la continuidad institucional hasta la renovación de magistrados que deberían haberse elegido en 2024.
El proyecto contempla que el TCP funcione con los cuatro magistrados electos, constituyéndose en dos salas, cada una presidida por un magistrado e integrada por dos miembros, y que la Comisión de Admisión del TCP esté conformada por dos altos funcionarios del Tribunal.
Asimismo, establece que el TSJ continúe operando con los magistrados elegidos democráticamente en las elecciones judiciales de 2024, asegurando su funcionamiento pleno. Una Disposición Transitoria Única establece la inaplicabilidad de cualquier norma contraria mientras la ley esté vigente, asegurando su prevalencia durante el periodo de transición.
Hace unos días el presidente del Senado afirmó que no era posible combinar en un solo proceso las elecciones judiciales con los comicios subnacionales del 22 de marzo de 2026.
“Está establecido que no podemos vincular dos tipos de elecciones en un mismo proceso. La elección de magistrados es distinta y debe seguir su propio procedimiento. No hay prohibición para hacer dos o más elecciones en un año, pero cada una debe cumplir sus pasos y tiempos”, manifestó Ávila.
La elección de cinco magistrados para el TCP y dos para el TSJ se encuentra pendiente desde diciembre de 2024.
La pesada herencia
El magistrado Boris Arias admitió que heredaron un tribunal en desorden, con más de 17.000 causas pendientes, expedientes desorganizados y decisiones judiciales inconsistentes. La saturación del tribunal, dijo, se debe en gran medida a que muchos ciudadanos acuden directamente al TCP por falta de confianza en la justicia ordinaria, evitando los procedimientos regulares y generando un cúmulo de acciones constitucionales.
Para solucionar esto, el magistrado destacó la necesidad de unificar criterios y jurisprudencia, acortar la extensión de las sentencias y garantizar mayor predictibilidad en los fallos. Esto permitiría reducir la cantidad de demandas y dar certeza a la ciudadanía sobre la manera en que se resuelven las acciones constitucionales.
Arias explicó que, a pesar de la reducción a cuatro magistrados, el TCP encontró los mecanismos para mantener su operatividad y continuar resolviendo causas.
“En la comisión de admisión no hay ninguna duda, trabajan con tres, somos cuatro. Las salas trabajan de a dos, entonces, bueno, hemos visto la manera en la que podamos dictar la mayor cantidad de sentencias”, indicó.
También indicó que el Tribunal estudia implementar auditorías jurídicas y administrativas, en coordinación con el Consejo de la Magistratura y la Contraloría General del Estado, para identificar posibles irregularidades y reforzar la transparencia.