Los operadores del servicio de transporte interprovincial e interdepartamental de la terminal Bimodal acatan, por segundo día consecutivo, un paro indefinido. La medida de presión es para exigir la renuncia del administrador de la institución y en contra del alza del precio de determinados servicios, como el peaje para el ingreso de buses y el uso del baño.
El dirigente departamental de buses, Ernesto Flores, adelantó que, para este martes se prevé una reunión con las autoridades. Mientras tanto, los buses de otros departamentos llegan a la terminal, pero las salidas no se realizan, generando incertidumbre entre los pasajeros.
El lunes, la Federación Departamental de Buses de Santa Cruz, en un ampliado nacional con cooperativas, sindicatos y empresas de transporte internacional, interdepartamental e interprovincial determinó los siguientes puntos:
1.- Convocar inmediatamente al ministro de Obras Públicas, para dar a conocer las irregularidades dentro de la terminal.
2.- Pedir la renuncia del administrador de la terminal y de todo el personal administrativo y operativo.
3.- Pedir la devolución de dinero (soborno), entregado al funcionario Marcelo Justiniano.
4.- A partir de la fecha, no se permitirá el cierre arbitrario de las oficinas, como sucedió con la empresa “Renacer”.
5.- En caso de que no renuncie el director de la terminal, no se prestará el servicio de transporte de pasajeros dentro de la Bimodal.
Desde la Bimodal
Al respecto, el administrador de la terminal Bimodal, Marco Antonio García, aseveró que las instalaciones de esa institución han sido 'tomadas' y descartó su renuncia.
"(La terminal) no está cerrada, ha sido tomada por estas personas", afirmó García, a tiempo de asegurar que la Policía ya está en el lugar intentando mediar en el conflicto y resguardando las instalaciones que pertenecen al Estado.
García explicó que, tras asumir el cargo, el 26 de noviembre de 2025, recibió la instrucción de realizar una auditoría a los procesos de contratación, licitación y disposición de bienes de la terminal. Como resultado, se identificaron contratos irregulares, tanto con personal administrativo como con transportistas.
Detalló que los contratos están sujetos a la Ley 181, que regula la administración de este tipo de entidades, y establece un incremento anual del 3%. Además, señaló irregularidades en el número de voceadores (personas que ofertan pasajes dentro de la terminal), ya que el reglamento permite máximo dos o tres por flota, pero algunas empresas tienen hasta 10 voceadores.