El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) informó este viernes que el predio denominado Santa Rita, ubicado en la provincia Guarayos, del departamento de Santa Cruz, no cuenta con una resolución de saneamiento ejecutoriada y, además, estaría asentado dentro de la Reserva Forestal Guarayos, lo que complica aún más su situación jurídica.
La directora jurídica del INRA, Elvira Achu, explicó que, si bien en 2017 se emitió una resolución final de cumplimiento sobre dicho predio, ésta fue impugnada y el caso continúa en análisis ante el Tribunal Agroambiental Plurinacional (TAP). “Actualmente esa resolución ha sido notificada y está impugnada en el Tribunal Agroambiental. Eso conocemos en la página del tribunal”, precisó.
Achu remarcó que mientras no se emita un fallo ejecutoriado, el INRA debe garantizar los derechos de propiedad y posesión, pero también advirtió que se dictaron medidas precautorias desde julio de 2024 que prohíben nuevos asentamientos en la zona, así como el desalojo de ocupaciones ilegales, algunas de las cuales ya fueron ejecutadas con apoyo de la fuerza pública.
“En función a esas medidas y ante su incumplimiento, se emitieron intimaciones y se procedió al desalojo en noviembre del año pasado”, detalló.
Durante 2025, la dirección regional del INRA en Santa Cruz volvió a reportar ocupaciones irregulares en el área, por lo que se desarrolló un nuevo operativo policial de desalojo, que generó tensiones con grupos que alegan tener derechos sobre el predio.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que el proceso está judicializado y pidió a las autoridades competentes acelerar la resolución del caso de Santa Rita, donde ayer se registró el quinto avasallamiento armado que dejó a una persona herida de bala.
“Es importante que las instancias llamadas por ley respondan y den celeridad para resolver estos procesos, porque sabemos que probablemente también acudan a otras instancias que la ley les permite”, declaró.
El predio Santa Rita se encuentra en el centro de una larga disputa agraria, con alegaciones cruzadas de avasallamientos, derechos históricos y tráfico de tierras, todo ello en el contexto de su ubicación dentro de una reserva forestal, lo que restringe aún más la posibilidad de legalización o titulación.