“No hay posibilidad de que haya grupos armados en Bolivia ni grupos irregulares. Seguramente hay más declaración que capacidad efectiva para que aquello suceda”, manifestó el vocero presidencial, Jorge Richter, este jueves en entrevista con EL DEBER Radio, con respecto a las recientes amenazas vertidas contra empresarios por parte de dirigentes de Interculturales de San Julián.
“Se habla así ya de capacidades armadas en grupos sociales de ciudadanos, eso no es aceptable, el Estado no lo permite. Entonces allí sí tiene que haber una intervención simultánea del Estado, de la Justicia, con sus diversas instituciones”, sostuvo después.
Sin embargo, en su criterio si solo se apunta a esas acciones de coyuntura, que incluyen: “las detenciones que correspondan”, “tranquilizar la zona, pacificar aquel espacio”, no habrá una solución de fondo.
“En la medida en la que usted no tenga un marco institucional estructural que pueda encarar esos problemas, solamente va a encontrar paliativos”, indicó a EL DEBER Radio.
Richter reconoció que el Estado está rezagado en cuanto a “reformas institucionales que acompañan la de evolución que ha tenido la sociedad en los últimos años”. Y responsabilizó de ello a que, en varios casos, las instituciones estatales se desentiendan de sus responsabilidades y se las endilguen a otras sin que realmente exista una acción efectiva, que la ciudadanía pide.
Y añadió: “Los bolivianos tenemos un hábito de ocupación más de coyunturas y de cortos plazos que de miradas de reforma estructural del Estado. Por eso no se solucionan los problemas”.
Richter indicó que el tema de la toma violenta de tierras “no son los problemas constantes y permanentes, sino que, cíclicamente emergen y no se les puede dar, hasta el día de hoy, una solución de fondo”. Se refirió a reformas legales y normativas en las que el Estado debe “avanzar”.
“El Gobierno ha señalado que se va a investigar; se van a tomar acciones sobre estas declaraciones (amenazas de interculturales); la gente que tenía detención y que está allí presente (en las reuniones de esas organizaciones), como si su situación jurídico legal fuese normal. Y no se van a permitir ni conformación de grupos irregulares ni acciones armadas, menos emitir sentencias de muerte. Esto sería inédito en el país, que un grupo pudiese determinar sentencia de muerte para otra persona y que el Estado quede ante ello en una quietud inadmisible. Eso no va a ocurrir”, sentenció el vocero.
Richter manifestó que tiene entendido que la Policía tomará las medidas necesarias para evitar un posible ataque armado, como el que anunciaron los dirigentes interculturales. Sin embargo, en al menos dos oportunidades, puso en duda la capacidad real de esa organización para hacer efectiva su amenaza, a la que se refirió como “desafortunadas declaraciones”.
El miércoles, Nicolás Ramírez Taboada, de la Federación Intercultural San Julián, perteneciente a la comunidad 24 de Septiembre Pailitas-La Londras, amenazó con armas y con una wiphala en la mano: “Esto no va a quedar impune. Ahora sí vamos a agarrar armas y nos vamos a hacer respetar”. La declaración está relacionada con la muerte, el pasado sábado de un intercultural, durante de una disputa por tierras en Guarayos.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, informó que se designó a una fiscal y se abrió una investigación en contra del sujeto por el delito de instigación pública a delinquir.