El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, reveló este viernes nuevos avances en el caso del secuestro de Erick Roberto Baeza Achá, ocurrido el 29 de julio en el barrio Las Palmas de la capital cruceña, y formalmente denunciado el 2 de agosto.
Las investigaciones apuntan a una posible estructura criminal conformada por familiares y allegados de la víctima, entre ellos su hijastro, además de la participación de personas con antecedentes penales.
Según Ríos, la Policía logró identificar el vehículo utilizado en el rapto, una vagoneta con placa 5996-FND, registrada a nombre de Olimpia S. R., quien cuenta con antecedentes por legitimación de ganancias ilícitas y estafa. La mujer no fue encontrada en ninguno de sus domicilios registrados.
Durante la revisión de movimientos del motorizado, se detectó que su esposo, Hugo V. S., era quien realizaba los carguíos de combustible. Este sujeto también registra antecedentes por narcotráfico, incluyendo un proceso por el hallazgo de 263 kilos de clorhidrato de cocaína.
El denunciante bajo sospechaLa denuncia por la desaparición de Baeza fue realizada por su hijastro, Reny Pablo D. L., acompañado de un bufete de abogados. Sin embargo, tanto Reny Pablo como sus representantes legales abandonaron sus domicilios y no respondieron a las convocatorias de la Fiscalía para declarar.
Según el ministro de Gobierno, los abogados en cuestión son Carlos Henry G., candidato a diputado supraestatal por un partido político en carrera electoral, y su hermano Óscar Erwin G., este último con antecedentes por un caso relacionado a presuntas actividades ilícitas vinculadas a un millón de dólares.
“La inasistencia y desaparición tanto del hijastro como de sus abogados refuerza la hipótesis de que podrían estar relacionados con la autoría del secuestro”, afirmó el ministro.
De acuerdo con la investigación, el caso podría formar parte de una red delictiva de tipo familiar, práctica común en organizaciones criminales del país. La Policía ha identificado a todos los presuntos involucrados y trabaja para determinar si su participación fue material o intelectual.
Las labores de inteligencia incluyen el ruteo del vehículo utilizado en el rapto, gracias a registros de cámaras de vigilancia, y allanamientos en varios inmuebles asociados a los investigados. Ninguno de los implicados fue hallado en los lugares que solían habitar.
Los captores se comunicaron con la familia de la víctima para exigir $us 2 millones a cambio de la liberación. “Los secuestradores sí se han comunicado con los familiares; en primera instancia solicitaron un monto alto de dinero y, posteriormente, al no obtener respuestas positivas, han ido reduciendo esta cantidad”, detalló Ríos.
Asimismo, informó que la Policía realizó un operativo de búsqueda en la zona de Urubó tras rastrear posibles movimientos de los implicados, aunque sin resultados positivos. “No se ha podido hallar a la persona secuestrada, pero hasta la fecha se sigue trabajando con la investigación para dar con su paradero”, agregó la autoridad.
Ríos aclaró que versiones difundidas en redes sociales que apuntaban a que los autores serían policías o agentes antidrogas fueron descartadas. “En función a informes de la Felcc, la Felcn y el Comando Departamental (de Santa Cruz), se confirma que no son efectivos policiales”, subrayó.
El ministro pidió a los involucrados presentarse ante la justicia y advirtió que el caso no quedará impune. “Todos los elementos recabados permitirán establecer con mayor contundencia el grado de participación de cada uno de los implicados”, concluyó.
La investigación sigue en curso y no se descarta que el secuestro esté conectado con otros hechos delictivos bajo pesquisa en el país.