"Se dicta la medida cautelar ambiental, con la suspensión de actividades de desmonte y actividades de explotación minera de manganeso a la Empresa Minera Mincruz SRL, en el Área Natural de Manejo Integral (ANMI) San Matías, determinó el Juzgado Agroambiental de las provincias Velasco y Ángel Sandoval el 4 de julio.
En la misma fecha, a través de una carta dirigida a la empresa Mincruz, el Ministerio de Medioambiente y Agua (MMAyA) le informó sobre la caducidad de la licencia ambiental 071201/02/DIA/N6158/15.
La determinación del MMAyA fue tomada luego de revisar antecedentes en el Sistema Nacional de Información, que verificó que la empresa no remitió los informes de monitoreo ambiental, por lo cual no existe evidencia de la ejecución de las actividades mineras, ni de trámites administrativos para la actualización de la licencia ambiental.
Legisladores movilizados
La diputada de Creemos por la Chiquitania, María René Álvarez, celebró la decisión del Tribunal Agroambiental como una buena noticia, dentro de todo lo malo que viene sucediendo en el país.
Dijo que la respuesta del Tribunal fue a una demanda interpuesta por Álvarez, que solicitó paralizar actividades dentro del área protegida nacional.
Nuestra demanda fue atendida (...). Se están precautelando la vida, el medioambiente y la biodiversidad. ANMI San Matías es la segunda área protegida (AP) de mayor extensión del país y se pretendía hacer un daño ambiental irreversible e irreparable, explicó.
Según la diputada, la empresa Mincruz SRL obtuvo un permiso de ingreso para hacer desmontes en una primera fase, y extraer manganeso en una segunda fase.
Álvarez cuestionó la licencia ambiental inicial otorgada a Mincruz SRL por parte del MMAyA, que ampliaba las operaciones de extracción de minerales hasta diciembre de 2022.
Inmediatamente revocaron (en el MMAyA) la licencia, porque ya hay una demanda cautelar hacia estos ministros y haremos el seguimiento correspondiente a todos los malos funcionarios involucrados que otorgaron todos los accesos para que esta empresa entre, dijo, y adelantó que se empezaría con procesos administrativos, que probablemente deriven en penales.
Álvarez aseguró que es un gran logro porque este tipo de acciones solo se han realizado dos veces en el país, contra actividades a las que llamó ilícitas.
Sobre esta área protegida, la diputada de Comunidad Ciudadana, María José Salazar, también realizó peticiones de informe, memorial solicitud de información certificada al Ministerio, y la revocatoria de permisos otorgados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosque y Tierra (ABT), que inicialmente autorizó el desmonte de una zona de protección.
Solicitamos audiencia pública a la ABT, pero tiene que dar a favor del medioambiente, no le queda otra, es muy evidente la irregularidad, afirmó.
Gobernación
Mediante una carta fechada 5 de julio, dirigida al secretario departamental de Medioambiente, Johnny Rojas, la diputada Salazar dio a conocer su preocupación por el abandono de las áreas protegidas de parte del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
Al tratarse de un tema imprescindible para la conservación del patrimonio natural del departamento, y ante la desidia del Sernap, Salazar solicitó a la Gobernación, al amparo del artículo 50 del Estatuto Autonómico del departamento, una inspección urgente de los campamentos de los parques nacionales Noel Kempff Mercado, Kaa Iya, Amboró, Otuquis y San Matías, pero también a reservas forestales y áreas protegidas departamentales y municipales: Bajo Paraguá, y Río Blanco y Negro.
El objetivo de la inspección es evaluar la precariedad en la administración de las áreas, y que a partir de ese análisis se desarrollen estrategias para solucionar los problemas actuales e impulsar el turismo sostenible.