El Ministerio Público imputó al alcalde Jhonny Fernández por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica dentro del denominado caso pavimento, proceso que derivó en su aprehensión el pasado martes.
En la imputación, la Fiscalía señala que el alcalde admitió diferencias o faltantes de pavimentación en siete proyectos, haciendo un total de 1,02 kilómetros, los mismos que no cumplen con el criterio de cantidad, evidenciándose diferencias entre lo certificado por la Alcaldía y lo verificado por la Contraloría.
Según la Fiscalía, el 3 de abril de 2025 la Contraloría fijó un plazo de diez días hábiles para que el alcalde exprese por escrito la aceptación o rechazo de las recomendaciones del informe de auditoría preliminar Nº GS/OPS10/D24.
Dentro del plazo, el16 de abril, “el alcalde comunicó la aceptación del informe. Con dicha aceptación se reconocieron las observaciones efectuadas por la Contraloría, respecto a siete obras, admitiendo la existencia de diferencia entre lo certificado y lo ejecutado”, señala parte de la imputación.
Se trata de la construcción de cuatro kilómetros de calles y avenidas en el Distrito 14, al igual que en Distrito 13, de la pavimentación avenida 30 de Octubre, de la avenida Divisoria, de la avenida Tres Pasos al Frente (UV 233 y final UV 277), del tercer anillo interno (entre las avenidas Cristo Redentor y Beni) y del tramo Palmar del Oratorio- Palmar Viruez.
La fiscal asignada, Milenka Rodas, informó que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva por 180 días, al considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, además de indicios suficientes de participación en los hechos denunciados.
La audiencia cautelar está fijada para este jueves, a 13:30, en el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia 14 de la Pampa de la Isla, a cargo de la jueza Alejandra Menacho. La causa ingresó para control jurisdiccional el 17 de diciembre de 2025.
Fernández pasó dos noches en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Fue aprehendido la tarde del martes y, tras sufrir una descompensación, fue trasladado por algunas horas a una clínica privada antes de ser ingresado a celdas policiales.
La defensa negó riesgos procesales, al señalar que Fernández es la máxima autoridad municipal, con domicilio y trabajo conocidos, por lo que anticipó que solicitarán medidas sustitutivas y su libertad en la audiencia cautelar.
El abogado de Fernández, Fabio Jofré, explicó que la auditoría evaluó criterios de eficacia y grados de avance, y que las diferencias detectadas fueron instrumentales, lo que habría generado inexactitudes sin correlato en daño al Estado.
Añadió que una inspección ocular reciente constató tramos pavimentados en al menos cuatro obras observadas, y que la única irregularidad mencionada fue la presencia de tres postes en una calzada, además de desgaste natural por uso.
Otros procesos
La concejala Lola Terrazas destacó que el proceso por los proyectos de pavimentación inconclusos haya avanzado hasta la imputación formal ante el juez, pero considera que es solo “la punta del iceberg” de otras investigaciones que deben realizarse contra la gestión municipal.
Según la autoridad, la aprehensión del alcalde era previsible debido a un informe de la Contraloría que detectó irregularidades en los proyectos de pavimentación.
Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, afirmó que existen otros procesos que no avanzaron, como denuncias por presuntos “ítems fantasmas” y manipulación informática.
Anunció que solicitará la reapertura de esas investigaciones. “Celebramos que este caso de corrupción (pavimentación) esté en manos de la justicia y que esté avanzando”, manifestó.
Además del caso “pavimento”, otros dos procesos judiciales han comprometido la situación legal del alcalde. Uno de ellos es el caso Mutualista, que mantiene una férrea disputa entre la Alcaldía y la familia Crapuzzi.
Por este caso, el 10 de febrero la justicia dispuso que Fernández pague una fianza de Bs 100.000 y que se presente cada 15 días ante el Ministerio Público, luego de analizar una imputación por el presunto delito de desobediencia a resoluciones constitucionales.
Otro caso corresponde a una demanda laboral impulsada por el Sindicato de Trabajadores Municipales por el pago de beneficios sociales, que derivó en una orden de arraigo dispuesta por la Jueza Décima de Trabajo.