La muerte violenta del privado de libertad Remberto López dentro del Centro Penitenciario de Palmasola, en Santa Cruz, desató una ola de cuestionamientos a la seguridad interna del penal más poblado del país. La Defensoría del Pueblo, que activó su protocolo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), denunció fallas estructurales en los controles luego de confirmarse que un arma de fuego ingresó al PC-7 y fue utilizada para ejecutar al interno con dos disparos en la cabeza.
El hecho ocurrió la mañana del martes, durante el llamado de lista. Según Régimen Penitenciario, la Policía intervino tras escuchar dos detonaciones y encontró a López sin vida. Las autoridades identificaron como presuntos responsables a dos internos brasileños: Caique Lima Silva, acusado de ser el autor material, y Óscar Junior Terra Días de Floriano, señalado como proveedor del arma y autor intelectual. Ambos admitieron su participación, informó el comandante departamental, Rolando Rojas. Además afirmó que el crimen estaría ligado a un ajuste de cuentas por droga.
La víctima, trasladada hace dos semanas desde Cochabamba, era investigada por el asesinato del juez de Villa Tunari, Wilber Cruz. En un video grabado días antes de su traslado, López advirtió que temía por su vida y responsabilizó a presuntos narcotraficantes del Chapare si algo le ocurría en Palmasola. Sus familiares, que llegaron al penal para el reconocimiento del cuerpo, reiteraron esa acusación.
La Defensoría del Pueblo criticó duramente que un arma de fuego haya ingresado al penal, señalando que estos hechos evidencian “un patrón preocupante” en el sistema penitenciario.
“Todas las personas privadas de libertad están bajo custodia del Estado. Perder una vida en estas condiciones revela fallas graves en la seguridad penitenciaria”, declaró la delegada departamental, Sheila Gómez Santivañez. En lo que va del año, el MNPT registró 17 muertes violentas en cárceles, dos de ellas provocadas por armas de fuego.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó además que el hacinamiento, que aumentó en 75% entre 2020 y 2025, debilita los mecanismos de control interno y expone a los internos a mayores riesgos. La institución envió requerimientos de informe para que Régimen Penitenciario explique cómo ingresó el arma, qué fallas se detectaron y qué medidas se aplicarán para evitar nuevas muertes.
Por su parte, el abogado penalista y criminólogo Cristian Sánchez advirtió que el caso revela una responsabilidad directa del Estado. “El arma de fuego ha tenido que pasar por los controles policiales. Alguien permitió su ingreso. Más allá de los delitos atribuidos a la víctima, tenía derecho a la vida. Esto no puede quedar en anécdota ni en impunidad”, afirmó, señalando que los funcionarios de seguridad que estaban de turno también deben ser investigados.
Mientras avanza la investigación, la Defensoría reiteró la urgencia de aplicar medidas estructurales: reducción del uso de la detención preventiva, clasificación de internos según el tipo de delito, uso de manillas electrónicas y refuerzo del personal médico en recintos penitenciarios. Todas estas recomendaciones fueron incluidas en la Alerta Temprana sobre Cárceles presentada en septiembre.