La asambleísta departamental Keila García calificó como un “grave atropello a los derechos fundamentales” y un prejuzgamiento ilegal las declaraciones de la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Yajaira San Martín, en las que se habría referido a una supuesta pérdida de curules y entrega anticipada de credenciales a otros asambleístas.
García denunció que las declaraciones de la vocal constituyen una vulneración directa a la normativa electoral y un intento de afectar la legalidad del proceso.
“Queremos denunciar categóricamente las declaraciones irresponsables e ilegales emitidas públicamente por la vocal Yajaira San Martín, quien ha prejuzgado sobre el caso del presidente de esta Asamblea, el señor Antonio Talamás, y mi persona como secretaria general”, afirmó la asambleísta en conferencia de prensa.
Según la legisladora, el anuncio de la vocal sobre una eventual sustitución de autoridades departamentales viola el debido proceso y compromete la imparcialidad del TSE. La asambleísta alertó además que el TSE sesionará en Sala Plena en las próximas horas y pidió que no se pretenda consumar un acto “abiertamente ilegal”.
“Esperamos que mañana no se intente dar un golpe a la democracia de este departamento, despojándonos de forma ilegal de nuestros curules”, declaró.
La asambleísta también recordó que el TSE es la máxima instancia electoral y que existe un recurso de revisión extraordinaria pendiente, el cual según señaló no ha sido revisado hasta la fecha.
“Cualquier instrucción o interpretación que busque entregar nuevas credenciales, como sugirió la vocal San Martín, es un abuso de poder que busca consumar un despojo ilegítimo contraviniendo la normativa electoral”, enfatizó.
Finalmente, la asambleísta anunció que acudirán a todas las instancias necesarias para defender la institucionalidad y los derechos vulnerados. Además, advirtió que este conflicto no se trata únicamente de su curul o la del presidente de la Asamblea, sino de un ataque directo a la democracia departamental.
“Es un golpe a la democracia. Si se sienta este precedente, mañana ningún asambleísta, concejal o diputado tendrá libertad para fiscalizar a su gobernador, alcalde o presidente”, sostuvo.