Santa Cruz volvió a poner en debate su histórica demanda autonómica. Bajo la premisa de que el centralismo ha limitado por siglos el desarrollo regional, el Comité pro Santa Cruz organizó ayer el “Encuentro por la nueva relación con el Estado: Autonomía Plena”, donde participaron cerca de 50 legisladores electos por Santa Cruz de las fuerzas políticas Súmate, Libre, Unidad y el PDC, además de expresidentes cívicos, líderes empresariales y representantes de sectores productivos.
La cita tuvo como propósito construir una agenda legislativa desde la Asamblea Legislativa Plurinacional para “liberar las autonomías secuestradas desde 2009” y abrir camino a una reforma estructural que permita a los departamentos ejercer con plenitud sus competencias, con miras a un posible modelo federal en el futuro.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, subrayó que “el centralismo ya no puede seguir”, recordando que por dos siglos este esquema perjudicó al país, con un agravamiento durante los 20 años de hegemonía del MAS. Cochamanidis sostuvo que trabajando de forma coordinada desde las brigadas parlamentarias, es posible “destrabar en un año todas las leyes que cercenan las autonomías” y avanzar hacia un nuevo pacto Estado–departamentos.
Delmar Méndez, asesor del comité, explicó que el plan contempla dos fases: la primera, liberar las competencias autonómicas restringidas; la segunda, profundizar las atribuciones ya recuperadas. “El Estado centralista colocó candados a cada una de nuestras competencias. Hoy simbólicamente entregamos las llaves a los nuevos parlamentarios, porque solo en el Parlamento Nacional se abren esos candados”, afirmó.
Propuestas
La abogada y exconstituyente Eliane Capobianco detalló que el plan cívico identifica un paquete de 21 leyes, 11 normas institucionales y seis decretos que deben ser reformados o abrogados para restituir competencias a los gobiernos departamentales y municipales. Entre ellas figuran la Ley Marco de Autonomías, la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley General de Telecomunicaciones.
En materia de competencias, la propuesta plantea reducir las atribuciones privativas y exclusivas del nivel central y transferir mayores responsabilidades a departamentos y municipios. Así, las competencias exclusivas departamentales crecerían de 36 a 56 y las compartidas de 7 a 45.
Las propuestas se extienden a los ámbitos judicial, policial, económico, educativo, de salud, medioambiental y agropecuario. A corto plazo, se apunta a modificar leyes sin tocar la Constitución; a mediano plazo, se prevén reformas parciales de la Carta Magna para consolidar un sistema más equilibrado y descentralizado.
Capobianco explicó que en educación se plantea que los gobiernos departamentales participen en la currícula regionalizada, y en salud que administren los establecimientos de tercer nivel con facultad para contratar personal. En medio ambiente, se propone derogar normas que invaden competencias departamentales y transferir instituciones de fiscalización al ámbito regional. En lo agropecuario, se busca que la gestión de suelos, aguas y recursos forestales pase a ser compartida o exclusiva de las autonomías.
Con la participación de sectores productivos como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Fegasacruz, la Asociación de Avicultores (ADA) y la Cámara del Transporte, el encuentro dio un respaldo institucional al proyecto autonómico. La coincidencia general fue que los nuevos parlamentarios cruceños, que asumirán el 8 de noviembre, tienen “las llaves” para abrir un ciclo legislativo orientado a transformar la relación de Santa Cruz con el Estado.