El Grupo de Puebla, el colectivo de exmandatarios y líderes políticos que llegó a respaldar el proyecto político del Socialismo del Siglo XX, se pronunció este viernes por la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, y exigió para el exmandatario el respeto a las plenas garantías procesales y el acceso a una defensa efectiva. El foro regional expresó además su preocupación por el accionar de la justicia boliviana al reactivar una investigación de hechos pasados contra quien fuera jefe de Estado.
“Resulta jurídicamente confuso y políticamente sensible que hechos antiguos, conocidos o investigables con anterioridad se activen penalmente solo después de finalizado un mandato. Este patrón, repetido en América Latina, erosiona la confianza en la justicia y debilita gravemente el Estado de Derecho”, señala el pronunciamiento.
El documento advierte que el proceso contra Arce podría evidenciar un uso selectivo y políticamente oportuno del aparato penal, en un contexto regional donde —según el foro— el lawfare ha sido utilizado de manera reiterada como mecanismo de persecución política y alteración de la competencia democrática.
Arce fue aprehendido el miércoles en la zona de Sopocachi, en La Paz, en el marco de una ampliación de la investigación por el desfalco al Fondo Indígena durante la gestión 2009, proceso que se originó a partir de una denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty.
De acuerdo con la Fiscalía, el expresidente habría autorizado el desembolso de recursos públicos no solo para el proyecto de producción de tomates del cual Patty se habría beneficiado con 700.000 bolivianos, sino también para otros pagos que habrían sido transferidos a cuentas personales de dirigentes afines al MAS.
Por estos hechos, Arce fue imputado formalmente por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, y el Ministerio Público solicitó su detención preventiva por tres meses. Hasta la tarde de este viernes, la audiencia de medidas cautelares continuaba en desarrollo y debía definir la situación legal del exdignatario.
El Grupo de Puebla anunció que realizará un seguimiento permanente del caso “en defensa del Estado de Derecho, las garantías constitucionales y la vigencia plena de los derechos políticos en la región”.
El pronunciamiento está suscrito por los expresidentes Alberto Fernández (Argentina) y Rafael Correa (Ecuador), así como por Marco Enríquez-Ominami, excandidato presidencial y coordinador del Grupo de Puebla (Chile); Rafael Michelini, exsenador de Uruguay; Aida García Naranjo, exministra de la Mujer y Desarrollo Social de Perú; Camilo Lagos, presidente de la Fundación Progresa de Chile; Guillaume Long, excanciller de Ecuador; Carlos Ominami, exministro de Hacienda de Chile; Cecilia Nicolini, parlamentaria del Mercosur; Eduardo Valdés, diputado nacional de Argentina; y Beatriz Paredes, exsenadora de México.