La Comisión de la Verdad de Hidrocarburos comenzó sus funciones oficialmente desde ayer con la misión de investigar los casos de corrupción de las últimas dos décadas, desde la primera gestión de Evo Morales en 2006. La instancia más grande a indagar es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que se vio manchada por al menos siete escándalos de corrupción, desde el irregular contrato con Iberoamérica Trading SRL, hasta la creación de la subsidiaria Botrading.
“Durante 20 años, bajo la lógica de nacionalizar e industrializar, se generó un fracaso contundente que este Gobierno, junto al pueblo boliviano, debe asumir con la verdad para tomar decisiones estructurales y cambiar el futuro de la patria”, declaró el presidente Rodrigo Paz en la presentación de la que se constituye en la primera Comisión de la Verdad de su gobierno.
La nueva instancia de investigación está bajo la dirección de la Procuraduría General del Estado, inicialmente está integrada por los ministerios de Presidencia, Hidrocarburos y Economía, además del Viceministerio de Transparencia Institucional, YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y legisladores del PDC y APB-Súmate.
El presidente señaló que la Comisión de la Verdad no tiene fecha de cierre establecido, debido a la magnitud de los casos de corrupción en los últimos 20 años. “Creo que esta comisión no se va a cerrar, no tiene tiempo limitado, esta comisión va a estar por lo menos en lo que con lleva nuestro gobierno que es de 5 años”, expresó.
Paz remarcó que del 100% de los recursos destinados a la adquisición de hidrocarburos con subvención, más del 40% se habrían desviado. “Se lo robaron; están en cuentas, alguien los tiene”, manifestó e indicó que se estima que cada año se destinaban entre $us 800 a 1.000 millones en el tema de la subvención.
El viceministerio de Transparencia, Marcelo García, reveló que la Comisión de la Verdad comenzará su trabajo analizando más de 140 denuncias que se presentaron inicialmente, asimismo, anunció que se habilitará un correo institucional para recibir las denuncias que quiera sumar cualquier ciudadano.
García adelantó que se espera brindar un primer informe en el primer mes de las investigaciones. “En primer término a los 30 días deberíamos tener un resultado, consideramos que antes de este plazo ya tendremos casos con gran relevancia jurídica”, declaró.
El procurador del Estado, Hugo César León La Faye, enfatizó que la comisión no tiene fines políticos sino que nació como una herramienta de gestión institucional, técnica y jurídica, destinada a “investigar de manera integral, objetiva y transparente los procesos que pudieran haber generado daño económico al Estado”.
Los escándalos de YPFB
Durante las últimas dos décadas, YPFB acumuló una serie de escándalos y casos de corrupción que mancharon su gestión, desde contratos irregulares hasta muertes vinculadas a adjudicaciones, dejando una huella histórica que ahora será revisada por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos.
Entre los casos más emblemáticos se encuentra el contrato irregular con la empresa Iberoamérica Trading SRL para la compra-venta de 2.000 barriles diarios de crudo a Brasil, en 2006, durante la presidencia de Jorge Alvarado. El acuerdo provocó un daño económico al Estado de $us 3,8 millones, según denunció entonces la Superintendencia de Hidrocarburos.
El año siguiente, la gestión de Manuel Morales Olivera se vio empañada por 44 contratos petroleros con errores y negociaciones secretas con empresas transnacionales, además de polémicas como el viaje a Cuba de funcionarios bajo el pretexto de capacitación.
Entre 2007 y 2008, la administración de Guillermo Aruquipa se vinculó con casos de nepotismo y la conformación irregular de la sociedad mixta YPFB-SIPSA, lo que derivó en su aprehensión por tráfico de influencias y asociación delictuosa.
Posteriormente, durante la dirección de Santos Ramírez se presentaron denuncias relacionadas con la planta separadora de líquidos de Río Grande y la empresa Catler Uniservice. Este último caso también estuvo marcado por la muerte de Jorge O’Connor D’Arlach, quien presuntamente intentaba entregar una coima para adjudicar contrato. Ramírez fue condenado en 2012 a 12 años de prisión.
Durante la presidencia de Carlos Villegas, entre 2009 y 2014, se detectaron irregularidades en la unidad de Comunicación y Almacenes de YPFB-Chaco, además del hallazgo de 90.000 dólares en la caja fuerte de la estatal, evidenciando casos de enriquecimiento ilícito y mal manejo de recursos.
Entre 2015 y 2017, durante la administración de Guillermo Achá se denunció irregularidades en el proceso de adjudicación de tres taladros a la empresa italiana Drillmec, por $us 148 millones de dólares.
El último caso que enlodó a YPFB se registró en la gestión de Armin Dorgathen quien se encuentra detenido y fue imputado por el presunto delito de incumplimiento de deberes por el caso Botrading, una subsidiaria creada por YPFB para la importación de combustibles.