El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, reveló que los recursos que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) había aprobado para invertir en la prevención de los incendios forestales, se redestinó a las consecuencias de las inundaciones que se registraron en diferentes regiones del país.
"Los $us 75 millones aprobados para combatir los incendios en la ALP, fueron aprobados tardíamente, porque lo hicieron en marzo (de esta gestión), cuando estábamos en plenas inundaciones. Es así que estos recursos se pusieron a consideración del Consejo Nacional de Autonomías, donde los mismos gobernadores aprobaron para que los recursos vayan a los efectos de las inundaciones, explicó el viceministro, a EL DEBER, este jueves.
El 2024 se consumieron 12 millones de hectáreas en el país, la mayoría de Santa Cruz. La afectación no solo se registró en zonas boscosas, sino también en periurbanas y provocó daños en la salud de la población en general.
Aprobación tardíaEl presidente Luis Arce promulgó el 19 de marzo de este año la Ley 1622 que, en su artículo único, aprueba un contrato préstamo con la Corporación Andina de Fomento – CAF por un monto de hasta 75 millones de dólares.
Este crédito estaba destinado al “Programa de Apoyo para la Gestión de Riesgos ante Eventos Adversos del Clima” y fue suscrito el 9 de septiembre de 2024 entre el Estado Plurinacional y la CAF, pero permaneció bloqueado en el Legislativo, junto a otros similares proyectos, hasta que, finalmente, la ley fue sancionada el 18 de marzo por la Cámara de Senadores y luego promulgada por Arce.
Hay que aclarar que no es el único crédito que se aprobó para estos fines, había otro del BID por $us 250 millones para la atención de emergencias por desastres naturales y de salud pública, pero que recién ha sido aprobado y promulgado en junio de esta gestión. El crédito que estaba dirigido para los incendios, los $us 250 millones al BID, lo aprobaron cuando los incendios pasaron y el BID no activó este crédito, porque no cumplía los requisitos para que sea activado.
Según reportes oficiales, desde noviembre de 2024 hasta mediados de mayo de este año, seis departamentos fueron afectados por heladas y granizadas: Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Tarija. De estos, Oruro se declaró en desastre departamental y Potosí en emergencia departamental.
El contrato de préstamo refiere que los fondos deben destinarse a fortalecer la capacidad del país para desplegar una respuesta rápida y efectiva ante el impacto de eventos extremos, incluyendo actividades de asistencia humanitaria, la reconexión de servicios públicos y la rehabilitación temprana de infraestructura crítica, entre otras medidas de respuesta inmediata.
Los bomberos dependen del aporte ciudadanoEs así que cuando hay situaciones adversas por incendios forestales, como los que actualmente se registran, es que son las plataformas ciudadanas o las entidades gubernamentales locales (alcaldías y gobernaciones) las que responden con lo que pueden o tienen a su alcance.
Según Erika Bayá, de la plataforma Alas Chiquitanas, la ayuda para los bomberos voluntarios viene del ciudadano, de las empresas que destinan recursos para estas acciones. Incluso para los bomberos y guardaparques (que dependen del Estado) nos piden ayuda a las plataformas ciudadanas. Movilizamos mucha ayuda de la sociedad civil.
Sin embargo, el viceministro aclaró que esto es solo por la aplicación de una ley competencial, la Ley de Bombero determina que los bomberos voluntarios dependen de la Policía y desde la Ley 602, dependen del municipio y la Gobernación. Asimismo, remarcó que nosotros entregamos equipos a los municipios declarados en desastre.
Ahora bien, para Calvimontes, si hubiera voluntad legislativa, estas leyes deberían salir de la Asamblea Legislativa Plurinacional (para ayudar a los bomberos voluntarios). En este momento, voy intentar, voy a convocar al presidente de la comisión (de la Cámara de Diputados) y se pueda generar la ley corta, se comprometió.
Ante las declaraciones de Calvimontes, el comandante de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate (UUBR), Álvaro Castillo, negó que los bomberos voluntarios dependan de la Policía Boliviana y que el trabajo que realizan junto a ellos únicamente es de coordinación.
“Tenemos la Ley 449 que dice que las tareas que se debe ejecutar con los bomberos de la Policía son de coordinación y en ningún momento, dentro de esa normativa, dependemos de la Policía. Por lo tanto, nuestra gestión administrativa y operativa son totalmente independientes”, manifestó.En lo que vienen a ser recursos económicos, en la Ley 449 no se menciona ninguno en favor de los bomberos voluntarios. “Más bien se habla en favor de recursos para los bomberos de la Policía y no para nosotros”, completó el representante de UUBR.
Es así que cuando hay situaciones adversas por incendios forestales, como los que actualmente se registran, es que son las plataformas ciudadanas o las entidades gubernamentales locales (alcaldías y gobernaciones) las que responden con lo que pueden o tienen a su alcance.
Según Erika Bayá, de la plataforma Alas Chiquitanas, la ayuda para los bomberos voluntarios viene del ciudadano, de las empresas que destinan recursos para estas acciones. Incluso para los bomberos y guardaparques (que dependen del Estado) nos piden ayuda a las plataformas ciudadanas. Movilizamos mucha ayuda de la sociedad civil.
Sin embargo, el viceministro aclaró que esto es solo por la aplicación de una ley competencial, la Ley de Bombero determina que los bomberos voluntarios dependen de la Policía y desde la Ley 602, dependen del municipio y la Gobernación. Asimismo, remarcó que nosotros entregamos equipos a los municipios declarados en desastre.
Ahora bien, para Calvimontes, si hubiera voluntad legislativa, estas leyes deberían salir de la Asamblea Legislativa Plurinacional (para ayudar a los bomberos voluntarios). En este momento, voy intentar, voy a convocar al presidente de la comisión (de la Cámara de Diputados) y se pueda generar la ley corta, se comprometió.
Ante las declaraciones de Calvimontes, el comandante de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate (UUBR), Álvaro Castillo, negó que los bomberos voluntarios dependan de la Policía Boliviana y que el trabajo que realizan junto a ellos únicamente es de coordinación.
“Tenemos la Ley 449 que dice que las tareas que se debe ejecutar con los bomberos de la Policía son de coordinación y en ningún momento, dentro de esa normativa, dependemos de la Policía. Por lo tanto, nuestra gestión administrativa y operativa son totalmente independientes”, manifestó.En lo que vienen a ser recursos económicos, en la Ley 449 no se menciona ninguno en favor de los bomberos voluntarios. “Más bien se habla en favor de recursos para los bomberos de la Policía y no para nosotros”, completó el representante de UUBR.