La protesta convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503 dejó ayer un saldo de al menos cinco policías heridos, aprehensiones y una nueva escalada de tensión en el centro de La Paz, en contraste con los esfuerzos del Gobierno por sostener el diálogo y recomponer apoyos sociales en medio del conflicto.
Los incidentes más graves se registraron cuando grupos de manifestantes, principalmente mineros, intentaron ingresar por la fuerza a la Plaza Murillo y detonaron cachorros de dinamita, lo que derivó en enfrentamientos con la Policía. Los uniformados heridos fueron evacuados de emergencia y trasladados al Hospital Obrero, donde reciben atención médica.
La intervención policial se intensificó cerca de las 10:45, luego de que los movilizados intentaran romper los cordones de seguridad instalados en el centro paceño. Efectivos de la UTOP utilizaron agentes químicos para dispersar a los manifestantes, tras una seguidilla de explosiones que mantuvo la zona en tensión durante al menos 25 minutos, hasta que los grupos fueron replegados hacia la avenida Mariscal Santa Cruz.
En paralelo, cinco mineros fueron aprehendidos por la presunta manipulación de explosivos, mientras que organizaciones de derechos humanos reportaron al menos ocho arrestos durante la jornada. La Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos verificaron la situación de los detenidos en dependencias policiales.
Horas después de los enfrentamientos, el Gobierno y la dirigencia de la COB sostuvieron una reunión en la Casa Grande del Pueblo. El secretario ejecutivo cobista Mario Argollo, confirmó el diálogo, pero señaló que no hubo avances en la principal demanda sindical: la abrogación del Decreto 5503.
“El Gobierno nos ha dicho que no existe intención de eliminar el decreto. Esa posición debe ser evaluada por nuestras bases”, afirmó Argollo, al anunciar que el tema será definido en un ampliado nacional que se realizará en las próximas horas.
Durante el encuentro, el presidente explicó de manera detallada el decreto 5503, así como los beneficios concretos que esta medida representa para los distintos sectores laborales y productivos.
El mandatario ratificó que en su gestión “se gobierna dialogando, explicando y escuchando”, y declaró estar convencido de que las decisiones de Estado “se fortalecen cuando se construyen con información clara, transparencia y participación de los sectores sociales”.
Antes del encuentro con la COB, Paz Pereira sostuvo reuniones con la Central Obrera Regional (COR) y con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), sectores que optaron por el diálogo y acordaron la instalación de mesas de trabajo, una agenda corta y una comisión permanente. Estos acercamientos permitieron al Ejecutivo reducir tensiones con actores clave, mientras el conflicto con la COB sigue abierto.
A este escenario se suma la intervención del Ministerio Público. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó la aprehensión de un minero acusado de financiar actividades ilícitas durante las movilizaciones. La Fiscalía investiga el origen y destino de los recursos económicos incautados, así como a posibles beneficiarios.
Desde la promulgación del D.S. 5503, el presidente Paz y sus ministros llegaron a acuerdos con varios sectores: transportistas, gremiales, vecinos de El Alto, microempresarios y ahora se sumaron la COR alteña y los cooperativistas mineros.
Sin embargo, con las calle tensionadas, el diálogo abierto pero sin un acuerdo final y la COB a la espera de una decisión orgánica, el conflicto entra en una fase decisiva, donde la correlación entre la presión social y la capacidad de negociación estatal marcará el rumbo de las movilizaciones.