El presidente Rodrigo Paz Pereira volvió a referirse al alcance y la velocidad de su propuesta 50/50, la promesa de campaña con la que planteó redistribuir recursos y competencias entre el nivel central y las regiones. Esta vez, el mandatario afirmó desde Sucre que, para avanzar, se requiere derogar o eliminar cerca de 60 leyes y más de 40 decretos que —según su diagnóstico— sostienen un “Estado tranca” que limita a las autonomías.
Paz estuvo ayer en la capital del Estado, donde participó en una reunión interinstitucional con emprendedores en la Casa Empresarial. Antes de ingresar al encuentro, explicó a los medios que el desafío principal no es un anuncio político, sino un cambio normativo de gran escala. “Ya tenemos cerca de 60 leyes y 40 y tantos decretos que hay que eliminar. Tan sencillo como eso”, sostuvo ante la insistencia de los periodistas.
El jefe de Estado insistió en que el 50/50 no debe leerse como “solo reparto de recursos”, sino como un rediseño de responsabilidades, con impactos en salud y educación. “No es sólo repartir recursos. Vienen responsabilidades compartidas”.
Un eje de campaña
La propuesta ha recobrado fuerza en la campaña de las elecciones subnacionales, en un escenario en el que gobernaciones y municipios pugnan por un mayor margen financiero a puertas del cambio de autoridades previsto para mayo.
En el debate público, el 50/50 se conecta con un reclamo recurrente: la distribución actual de recursos tributarios. En una explicación difundida esta semana, se recordó que cerca del 75% de los ingresos tributarios queda en el nivel central y el resto se distribuye entre regiones y universidades, un esquema que el Gobierno plantea revisar en su plan.
El factor Barrientos
Pero la presión política subió de tono tras nuevas declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien afirmó el martes que es “difícil decir” cuánto durará la consolidación del 50/50 y mencionó un rango que fue leído como falta de rumbo. “En dos o tres días, cinco semanas o 10 años”, afirmó.
La frase detonó una reacción inmediata desde Santa Cruz. El gobernador y candidato a la reelección, Luis Fernando Camacho, pidió la destitución de Barrientos y advirtió que, mientras continúe en el cargo, la Gobernación no participará en las reuniones del Consejo de Autonomía.
En medio de esa escalada, Barrientos buscó matizar su posición. “Lo peor” sería dar plazos acelerados, aseguró que el trabajo ya inició y que seguirá un proceso de diálogo con regiones y ciudadanía, aunque volvió a remarcar la dificultad de fijar tiempos.
Contención
Desde la Asamblea, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro (PDC), evitó ingresar al cruce de acusaciones y apostó por una salida política. Señaló que, si hay tensión, debe primar el diálogo y que el Legislativo está en coordinación para viabilizar el paquete de leyes que se anuncie desde el Ejecutivo para el 50/50.
En esa línea, el diputado Israel Mérida (PDC) defendió que el proceso requiere realismo administrativo. “Me parece que no ha habido una buena interpretación, no puede ser 10 años. Se supone que las leyes las tenemos que modificar ya”, afirmó al tiempo que dijo ver a Barrientos como una técnica en el área autonómica.
Hoja de ruta
La disputa por plazos se mezcló con otro debate de sensibilidad regional. El Censo 2024 y su impacto en la coparticipación, planificación y representación. En los datos oficiales del INE, Bolivia tiene 11.365.333 habitantes (con paridad entre hombres y mujeres) y una fuerte concentración urbana.
En Santa Cruz, instituciones cívicas insistieron en que el proceso del 50/50 requiere cronograma público, mesa técnica y responsables políticos, y remarcaron que identificaron un paquete de normas a modificar: 35 leyes y 6 decretos que, según su postura, afectan la autonomía.
En Sucre, Paz reiteró que el 50/50 implica “metodología” y confianza, y que el diálogo deberá incluir a nuevas autoridades subnacionales. En su lectura, la reforma apunta a desmontar normas que sobre-regulan al Estado y traban el funcionamiento autonómico.
“Lo que no te sirve, lo que sobre regula el Estado, hay que eliminarlo”, remarcó Paz, tras colocar el núcleo del 50/50, no en un decreto inmediato de transferencias, sino en una batalla legislativa y reglamentaria que el Gobierno anticipa como condición para rediseñar el Estado.