Un grupo de esposas de mineros afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y sectores de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia instalaron piquetes de huelga de hambre para exigir la anulación del Decreto Supremo 5503. La acción, impulsada por afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), se desarrolla en un clima creciente de críticas y malestar ciudadano.
Uno de los piquetes fue instalado en oficinas de la federación minera, ubicadas en el Prado de La Paz. Allí, una de las participantes defendió la medida y llamó a sumar apoyo social. “Esta nueva dirigencia de la COB se está poniendo del lado de la gente, peleando por el costo de la canasta familiar. No vamos a ser los cargadores de esta crisis. Convocamos al pueblo trabajador a sumarse”, afirmó.
De forma paralela, otro grupo inició una huelga de hambre en oficinas de la COB. En ese contexto, el ejecutivo del ente matriz, Mario Argollo, lamentó que los sectores hayan llegado a este extremo y responsabilizó al Gobierno por la radicalización de las medidas.
“La insensibilidad del Gobierno está orillándoles a tomar esta decisión. Aplaudo el valor revolucionario de mis compañeras. En tiempos de paz son amas de casa y en tiempos de guerra son armas de casa”, sostuvo Argollo, quien aseguró que la protesta “no es sectorial ni política, sino reivindicativa”, y que busca “cuidar el futuro de nuestros hijos y nietos”.
Las movilizaciones se retomaron este lunes, al inicio del Año Nuevo, y los dirigentes advirtieron que irán hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, el respaldo social es limitado. Las marchas que se registran desde la pasada semana —con una pausa breve y reanudadas este lunes— han sido mal recibidas por amplios sectores de la población, que expresan cansancio y rechazo.
“Los mineros y los de la COB están en desacuerdo porque tenían algún beneficio extra que ya se les acabó. No comparto estas movilizaciones. Deberíamos ponernos de acuerdo como bolivianos para mejorar el país”, manifestó un ciudadano consultado por EL DEBER.
Otro vecino señaló que la prioridad es trabajar y recuperar la normalidad. “Vemos que la situación se está estabilizando, pero ellos siguen marchando y molestando. Nos quitan el paso, el tiempo y no podemos llegar a nuestros lugares de trabajo”, reclamó.
Las críticas se intensificaron tras conocerse que trabajadores mineros de las empresas estatales Huanuni y Colquiri, dependientes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), perciben sueldos que superan los Bs 30.000 mensuales y que, en algunos casos, alcanzan más de Bs 50.000, sumando salario básico, bonos y otros beneficios estatales. Además, este sector goza de aguinaldo y todas las prestaciones sociales.
“Tenemos contratos que cumplir en el centro y los primeros que nos perjudican son ellos”, señaló otro ciudadano. Una vecina fue más directa: “Ensucian la ciudad y después nosotros tenemos que pagar eso. Solo saben perjudicar”.