La Central Obrera Boliviana centró una parte de su rechazo al Decreto Supremo 5503 en las nuevas atribuciones que la norma concede al Banco Central de Bolivia, al considerar que debilitan el control institucional sobre el endeudamiento público. La organización sindical sostiene que el decreto permite acceder a financiamiento sin el aval ni la fiscalización del Legislativo.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó a un canal de TV que la medida desplaza a la Asamblea Legislativa del control de decisiones financieras clave, lo que podría derivar en deudas cuyos montos, tasas y condiciones no sean transparentes para la ciudadanía. “El alcance es grande y preocupante”, señaló, al advertir sobre la concentración de poder en el ente emisor.
Según la dirigencia sindical, el problema va más allá del debate sobre la subvención a los combustibles y se ubica en el corazón del diseño institucional del decreto. Argollo sostuvo que la norma debió discutirse como ley y no aprobarse vía decreto, por tratarse de decisiones que comprometen el futuro económico del país.
La COB también cuestiona que el Banco Central asuma un rol ampliado sin mecanismos claros de rendición de cuentas, lo que —a su juicio— rompe el equilibrio entre poderes y reduce la fiscalización democrática. En ese marco, advirtió que el endeudamiento sin control legislativo puede trasladar costos a las próximas generaciones.
Mientras el Gobierno mantiene vigente el decreto, la Central Obrera anunció que continuará con las movilizaciones y que insistirá en la abrogación de la norma. En palabras simples y sin maquillaje: una chequera sin control siempre termina pasando factura.