La creciente amenaza de actividades ilícitas como la deforestación, la contaminación, la minería ilegal y el tráfico de especies, plantea un panorama preocupante en Bolivia para la conservación del entorno natural y la sostenibilidad del país. Las noticias sobre incendios forestales o contaminación de ríos son recurrentes en los medios. El país cuenta con un tejido normativo, arrancando desde la Constitución, que velan por el resguardo de las riquezas naturales. No es menos cierto que estas leyes no se cumplen o, en otros casos, entran en conflicto con reglamentos legales contradictorios. El abogado constitucionalista José Antonio Landriel adelanta un futuro desalentador si no se actúa de forma adecuada. Reclama una verdadera política que cumpla con la preservación de la naturaleza, en la explotación del litio o la compra de oro, por ejemplo. El jurista matiza aún más los principales delitos y amenazas ambientales que enfrenta el país. Comprenden actividades ilegales que buscan obtener beneficios económicos a través de la explotación y comercio ilícito de recursos naturales. “Se destacan por ser lucrativos, con bajos riesgos y altos beneficios económicos. Incluyen tráfico de vida silvestre, ilícitos forestales, vertido de residuos, contrabando de sustancias nocivas al entorno y minería ilegal con graves impactos ambientales”, puntualiza el vicerrector académico de la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS). El año 2022, Interpol presentó un estudio, disponible en la web, titulado “Minería ilegal y delitos asociados”. El documento señala los factores económicos que promueven estos delitos ecológicos y vincula los mismos con la demanda mundial de recursos naturales. Es en este mercado mundial donde surgen los patrones de ilegalidad. Los delitos ambientales se sitúan como el tercer sector criminal más grande a nivel mundial, después del tráfico de drogas y la trata de personas. Presenta bajos riesgos y altas ganancias para los infractores. En contraparte, el impacto que provocan estas prácticas ilegales repercute en grandes pérdidas económicas para los sectores establecidos. Solo la tala ilegal, la pesca y el comercio de vida silvestre alcanzan un valor de al menos un billón de dólares anualmente. “Con ello, es muy fácil evidenciar por qué en Bolivia hay un auge de ilegalidad en áreas como la minería, lo forestal y el tráfico de biodiversidad; impulsada por estos factores globales, por una débil institucionalidad y la ausencia de una decisión política para frenar todo esto”, menciona. Para el abogado penalista y docente de postgrado en la UPDS Fabrizio Ortiz, los mecanismos existentes para juzgar estos delitos ambientales son limitados. Está vigente el procedimiento común, es decir, todo lo plasmado dentro de la ley 1970; “es lo legalmente establecido al momento de iniciar una investigación por delitos ambientales, no hay un procedimiento especial o diferente al ordinario para el juzgamiento de estos delitos, así como las leyes 0348 o 1008, por ejemplo. Tiene las mismas fases, plazos y formalidades que cualquier investigación, enjuiciamiento y persecución penal” asegura. Los delitos que afecten a los recursos naturales son, por mandato de la Constitución, “imprescriptibles”, es decir, se podrán juzgar en cualquier tiempo o momento. “Además, son bienes de naturaleza colectiva, es decir que cuando se comete un ilícito contra los ecosistemas naturales, nos está afectando a todos. Si a ello incluimos las Leyes 071 y 300, señalan que los seres humanos somos designados a tutelar los derechos de la madre tierra. Esto es clave, porque bajo esos dos criterios cualquier juez penal tendría suficientes elementos para activar severas sanciones; en esos casos con penas de hasta 30 años de cárcel”, recalca Landriel. Ortiz lamenta la falta de una adecuada regulación para los delitos ambientales, no se lo tiene regulado ni legislado. “Es una pena, puesto que a partir de la CPE promulgada en 2009, Bolivia reconoce a los seres vivos como sujetos de derechos. A lo largo del tiempo, se han presentado diversos proyectos para poder tipificar delitos ambientales específicos, pero hasta la fecha, no existe una ley que haya modificado el código penal o que haya introducido algún tipo penal, en favor del medioambiente”, complementa. Para poder cambiar esta situación, Ortiz propone modificar el código penal, tipificando estos delitos ambientales, adaptándolos a la Constitución Política del Estado y crear juzgados especializados en la materia y actualizar la normativa ambiental a una realidad boliviana. Deforestación y Pérdida de Biodiversidad Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad, pero también enfrenta altas tasas de deforestación. La situación es alarmante. Según los datos de Global Forest Watch sobre la situación forestal en Bolivia, desde 2001 hasta 2022, el país ha perdido 7.27 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 11% desde el año 2000 y ha generado 3.30 gigatoneladas de emisiones de CO₂. “La región más afectada es Santa Cruz, responsable del 69% de la pérdida de cobertura arbórea entre 2001 y 2022, con una pérdida total de 5.02 millones de hectáreas” señala. Un dato que es aún más esclarecedor es que Bolivia ocupa un lugar en el podio de la pérdida de bosque a nivel regional. En 2020 Bolivia se situó en el tercer lugar en pérdida de bosques primarios a nivel mundial, con un total de 277 mil hectáreas perdidas, después de Brasil y la República del Congo. Contaminación del Agua Según Landriel, no existe cauce hídrico en el territorio que no se halle contaminado por la minería. Los principales responsables de esta contaminación son los factores industriales o de extracción irregular. Los últimos meses se han prendido las alarmas por la presencia de mercurio en las aguas del país. La minería es la responsable directa de esta contaminación que despierta una crucial preocupación por la afectación directa a la salud de las personas y el deterioro alarmante del medioambiente. Bolivia, según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), que rastrea los flujos comerciales globales, desde el 2019 es el principal importador mundial de mercurio. El mercurio es esencial para la minería de oro ilegal. Su crecimiento refleja el auge de la industria licita. Evaluación técnica y recomendaciones Las acciones emprendidas para proteger y preservar la flora y fauna en peligro no se han consolidado de forma adecuada. José Landriel es enfático al revelar que pese a enunciados que aisladamente se hallan en las instancias públicas, aun no hay una propuesta formal con el consenso de las diferentes instancias de gobierno. “Bolivia tiene, desde 2009, una Constitución orientada hacia la preservación de los ecosistemas, existen leyes desde los 90 orientadas al “desarrollo sostenible” y leyes orientadas por la protección ecosistémica de la naturaleza, sin embargo, todo este bagaje de normas, aun no se cumplen, ni se ajustan con políticas públicas que con efectividad cumplan su propósito. Entre tanto no haya una verdadera voluntad política para gestar soluciones efectivas, se seguirán asumiendo soluciones parciales y sin mayor sentido de planificación”, resume el abogado constitucionalista. Para reducir los impactos ambientales recomienda adoptar medidas que protejan a las comunidades indígenas en zonas de expansión agrícola, fortalecer sistemas agroforestales para la seguridad alimentaria y preservación de los bosques, armonizar políticas de tenencia de tierras, garantizar transparencia en proyectos de inversión y obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales. “Tenemos varias oportunidades para mirar el futuro, incluyendo el potencial de las energías renovables, el turismo y la agricultura sostenibles, anticipa Landriel. Eso sí, se requiere armonizar toda la normativa, crear incentivos económicos para la conservación y sostenibilidad ambiental.
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