La violencia dentro de las cárceles bolivianas ha escalado a niveles récord en los primeros dos meses de 2025. De hecho, en solo ocho semanas, se han registrado ocho muertes violentas en distintos recintos penitenciarios del país, una cifra que casi iguala a las nueve registradas en todo el 2024. A esto se suman denuncias de corrupción y fiestas clandestinas en las prisiones, lo que evidencia el deterioro del sistema carcelario y el poder que han adquirido los reclusos.
La Dirección de Régimen Penitenciario anunció varios ajustes en medio de denuncias sobre actos violentos en prisión. Especialistas y la Defensoría del Pueblo insisten en su pedidos de más seguridad.
De acuerdo con datos oficiales, los fallecimientos ocurrieron en las cárceles de Morros Blancos (Tarija), Chonchocoro (La Paz), Cerprom (Montero) y Palmasola (Santa Cruz), siendo estas dos últimas los principales centros de máxima seguridad del país. Según reportes oficiales, cotejados con la información de la Defensoría del Pueblo los decesos se produjeron en el siguiente orden cronológico:
2 de enero: Un recluso fue apuñalado en la cárcel de Morros Blancos.
3 de enero: Otro interno murió apuñalado en Chonchocoro. Ese mismo día, un tercer recluso falleció de manera violenta en Cerprom (Montero).
12 de enero: Un feminicidio seguido de suicidio dejó dos muertos en Palmasola.
26 de enero: Un interno fue asesinado con un arma de fuego en Chonchocoro. En este caso, se investiga la participación de un policía por la dotación del arma.
3 de febrero: Dos privados de libertad murieron en Chonchocoro por heridas punzocortantes.
La Defensoría del Pueblo ha iniciado una investigación a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que es aplicado en cumplimiento de acuerdos internacionales.
El defensor del pueblo, Pedro Callizaya, advirtió que estos sucesos no solo reflejan la falta de control dentro de los penales, sino también la ausencia de protocolos de seguridad, especialmente en casos de violencia de género dentro de las cárceles.
Uno de los incidentes más recientes ocurrió el 7 de febrero en Palmasola, cuando un enfrentamiento entre internos del PC4 dejó varios heridos. Según Callizaya, la disputa estalló por la mala alimentación y la reducción de la cantidad de comida, sumándose a las ya existentes rencillas internas entre grupos de reclusos.
Pero la violencia no es el único problema. A esto se suma la sobrepoblación carcelaria: en 2020, las cárceles albergaban 17.305 personas privadas de libertad, mientras que para finales de 2024, la cifra se disparó a 32.035. Sin embargo, el número de policías encargados de la seguridad penitenciaria se ha mantenido en poco más de 1.500, lo que ha limitado aún más el control dentro de los penales.
El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo en la rendición de cuentas de 2024 que se debería haber una reflexión del Órgano Judicial para que se analice el motivo por el cual hay muchas más detenciones preventivas que sentencias
El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, denunció que la Policía Boliviana no tiene la capacidad de ejercer un control efectivo en las cárceles, no solo por la falta de formación de los uniformados, sino también por los intereses económicos que imperan dentro de los recintos penitenciarios, una realidad sobre la que el Estado ha perdido control.
“Las cárceles se han convertido en un negocio clandestino. Para ingresar se paga, para mantenerse dentro también, y para obtener cualquier objeto es necesario sobornar. La corrupción es incontrolable”, afirmó Llanos.
Según el exdirector, grupos criminales brasileños han tomado el control de las cárceles bolivianas, especialmente aquellos que cumplen largas condenas. Además, alertó sobre la falta de clasificación entre los reos, ya que delincuentes con sentencias de 20 a 30 años por delitos como asesinato y feminicidio conviven con detenidos preventivos que podrían salir en pocos meses, lo que agrava el hacinamiento y la violencia.
Si bien se ha pedido reforzar la seguridad con más policías, Callizaya señala que esto no es suficiente. “No se trata solo de aumentar el número de efectivos, sino de implementar el uso de tecnología como cámaras y escáneres, además de aplicar protocolos de seguridad adecuados”, sostuvo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Bolivia en varias ocasiones para conocer la situación de las cárceles y estableció vulneraciones.